El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular reformas a la Ley de Amparo que establecen que las sentencias en la materia no podrán tener efectos generales.

Morena y sus aliados avalaron modificaciones que establecen que en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, las sentencias que se dicten beneficiarán únicamente a la persona que lo promovió.

Los cambios que buscan armonizar la Ley de Amparo con la reforma al Poder Judicial señala que estos recursos serán improcedentes contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, los órganos que sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal.

Además, ajusta las disposiciones que se refieren al funcionamiento de las Salas de la Corte y establece que ésta funcionará únicamente en Pleno, modifica de 8 a 6 el número de votos necesarios para que las decisiones del Máximo Tribunal sean válidas y reemplaza el salario mínimo como unidad de medida para determinar montos, y sanciones, y lo cambia por la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Durante el debate, la Oposición advirtió que la reforma atenta contra uno de los instrumentos con los que cuentan las personas para defenderse de los abusos de autoridad, dejando en la indefensión a aquellos que no cuenten con los recursos para pagar a un abogado y acceder a este tipo de instrumentos.

La panista Margarita Zavala reiteró que la reforma es una venganza en contra del Poder Judicial y una de las grandes traiciones a la historia del amparo.

Señaló que las modificaciones prácticamente eliminan esta figura, al establecer que las resoluciones sobre la inconstitucionalidad de normas en ningún caso sus efectos serán generales.

Zavala advirtió que las modificaciones también terminan con la autonomía de Poder Judicial, al establecer “indebidamente” que el juicio de amparo es improcedente contra actos del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, órganos que “estarán pendientes de que los juzgadores sirvan a los intereses del poder”.

“Ahora sí en el colmo, los que dicen defender a los pobres, en realidad defienden a los ricos que pueden pagar, uno de esos abogados a los que hoy le están entregando el Poder Judicial, sí a esos abogados boutique a los que tanto critican, pero que tanto les hacen caso”, dijo.

El emecista Gustavo de Hoyos dijo que afirmar que las modificaciones a leyes secundarias tienen por objeto proteger la supremacía de la Constitución es una mentira, porque su única finalidad es blindar de la revisión judicial las leyes inconstitucionales aprobadas por el oficialismo.

“Las reformas no pretenden consagrar como faro rector del sistema jurídico y político la supremacía constitucional, lo que pretende, es despojar a la justicia constitucional de herramientas fundamentales que operan como auténticas garantías de los derechos humanos en el país”, indicó.

El legislador acusó que la “obsesión” del oficialismo por establecer obstáculos a los efectos generales de las sentencias de amparo surgió de la gran molestia que ocasionó que jueces y juezas declararan inconstitucionales medidas como el patrón nacional de usuarios de telefonía móvil, el “decretazo” que calificó todas las obras púbicas prioritarias como de seguridad nacional y el mandato presidencial que ordenó la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Sedena.

“La única motivación que existe detrás de las iniciativas que hoy discutimos es profundamente antidemocrática y anticonstitucional: seguir erosionando los principios de control que previene la arbitrariedad en el ejercicio del poder y seguir destruyendo el andamiaje institucional del País”, afirmó.

Tras bautizar la reforma como “Ley Morena”, Arturo Yáñez, del PRI, indicó que actualmente, cuando una persona promueve un juicio de amparo contra una reforma constitucional y la Corte la considera inconstitucional, los efectos beneficiarían a todas las personas, no sólo a quien promovió el amparo.

Con las modificaciones impulsadas por la mayoría, agregó, quien tenga dinero promoverá un amparo y sus efectos la beneficiarán sólo a ella, lo que deja en la indefensión a miles de ciudadanos que no cuenten con recursos para tener acceso a un recurso de este tipo.

“El único poder de defensa que tenía todo mexicano era el juicio de amparo y con esta reforma lo van a anular, siguen en la ruta de la dictadura y se les ha olvidado lo que le prometieron al pueblo de México”, dijo.

Luis Humberto Fernández, de Morena, aseguró que la nueva Ley de Amparo está “llena de virtudes”.

Afirmó que no trastoca los principios del amparo y fortalece al Poder Judicial, al hacer de este una estructura más eficiente, centrada en procesos y no en cotos de poder.

“Fortalece la división de poderes, ya que el amparo sigue limitando los actos de autoridad y potencia los derechos fundamentales, pero sin permitir invasiones del Poder Judicial y que se use este como ariete político de los intereses más mezquinos”, agregó.