Monclova, Coah.- Decenas de unidades “piratas”, entre ellas autos y camionetas particulares, prestan el servicio de transporte escolar en Monclova sin que la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado haga algo al respecto, con lo que pone en riesgo la seguridad de menores de edad, ya que operan sin pólizas de seguro para pasajeros o algún fondo de contingencia, denunció el secretario general de la Federación de Trabajadores Transportistas de la CTM, Javier Hernández del Ángel.

“Quieren arreglar a los que ya estamos arreglados ¿y el pirataje, qué van a hacer con ellos?”, cuestionó con referencia a que la dependencia a cargo de Fernando Gutiérrez, está exigiendo que se modernicen las unidades del transporte escolar que cuentan con permiso para prestar el servicio, pero no ha hecho nada contra las que las que operan de manera ilegal.

Comentó que no sólo hay combis trabajando como transporte escolar sin un permiso, también hay autos y camionetas particulares haciéndolo y aunque han mandado fotografías a las autoridades estatales del transporte para demostrarlo, no han actuado para retirarlas de circulación.

Añadió que esas unidades, las cuales se pueden contar por decenas, no tienen seguro de vida para pasajeros y tampoco un fondo de contingencia que garantice atención médica a los menores de edad que las utilizan, ante la eventualidad de que participen en un accidente.

“Pero no culpo al 100 por ciento a los transportistas, la culpa también es de los padres al contratar un servicio de transporte irregular”, aseveró.

El entrevistado reconoció que el 99 por ciento de las unidades que prestan legalmente el servicio de transporte escolar en Monclova, son antiguas, de modelos 96, 97, 98, 99 y 2000, cuando la ley establece que deben ser como mínimo de modelo 2010.

Sin embargo, señaló que todas se encuentran en buenas condiciones porque no están “correteadas”, sólo operan de una hora y media a dos por día, y se les ofrece mantenimiento.

Añadió que si la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado quiere retirarlas de circulación, primero debe hacerlo con “las malas” que operan ilegalmente y representan un riesgo para los usuarios.