Ciudad de México.- El consultor jurídico de la cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga, aseguró que las denuncias contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, son la punta de lanza para mantener una estrategia a futuro que permita ampliar las demandas y así frenar el tráfico de estos artefactos hacia México.

Al participar en el foro Tráfico y desvío de armas en Latinoamérica organizado por el CIDE, consideró que la llegada de Donald Trump al poder es una muestra del tono al que se van a enfrentar en la lucha legal contra las armerías.

“Estos son litigios estratégicos, este es el inicio y la punta de la lanza de algo que puede permitir estrategias de litigio mucho más amplias en el futuro. Entonces mi primera anotación muy puntual es, no es que nuestro universo de litigio, nace y muere con estos dos casos. Estos son los dos primeros casos ante estos dos grupos fabricantes, distribuidores y puntos de venta, para empezar a abrir esa brecha que permita continuar después con una expansión hacia otras tiendas, hacia otros puntos de venta”, explicó.

El funcionario recordó que México tiene desde 2021 y 2022, respectivamente, dos demandas en curso, una presentada en Boston contra fabricantes, la cual ya llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos y otra contra cinco tiendas en Arizona.

En este contexto, mencionó que el objetivo en lo inmediato de estas acciones legales es obtener mayor control en la venta de armas en Estados Unidos para impedir o reducir las armas ilícitas al país. Y segundo, cambiar la narrativa, para dejar claro que estas demandas no afectan el derecho de poseer armas en los estadunidenses.

Sin embargo, aceptó que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, puede significar un obstáculo dado las señales que dado sobre el tema.

“También el presidente Trump, firmó una nueva orden ejecutiva para reforzar la segunda enmienda y el derecho a poseer armas, exclusivamente para ese tema, lo cual ya le da una buena idea de más o menos lo que estará en esta resolución”, apuntó.

Finalmente, aseguró que la cancillería tiene sobre la mesa todos los posibles escenarios para reaccionar respecto a lo que determine la Suprema Corte el próximo 4 de marzo que se lleve a cabo la primera audiencia pública sobre el tema. Y están a la espera de una opinión consultiva que se hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estos casos.

En tanto, Cecilia Farfán-Méndez, jefa de investigación en programas de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, aseguró que México no está solo en la pelea que está dando contra el tráfico de armas.

Recordó que hay organizaciones de la sociedad civil y hasta congresistas estadounidenses que piden regular la venta de armas de alto poder como las de calibre .50.

Sin embargo, reconoció que en la administración Trump no se ve con la voluntad para avanzar en este sentido, pero consideró que este se convierte en buen momento para cambiar la narrativa.

“No hay un apetito natural de la administración de Trump de decir, sí, vamos a reducir el tráfico de armas, pero no quiere decir que obviamente del lado mexicano digamos, bueno, apagamos la luz y regresamos en cuatro años a ver si tenemos una administración más amable con este tema”.

Información de Milenio.