La vida de Mario Aburto Martínez en reclusión ha permanecido fuera de los alcances del acceso a la información pública.
Ciudad de México.- Cuando está por ser desmantelado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que sirvió con intermediario entre los ciudadanos y las entidades en el acceso a la información, el Gobierno federal clasificó el documento que acredita las actividades de Mario Aburto Martínez en el Centro Federal de Reinserción Social número 12 en Ocampo, Guanajuato, donde se encuentra preso.
Una de las últimas instrucciones que ha dado el INAI fue que Prevención y Readaptación Social –el organismo que administra los centros de reclusión en México– entregara los documentos en los que tiene registradas pruebas de vida de Aburto Martínez, lo que implicaría el conocimiento de su integridad física. PRS, en respuesta, reservó la información.
La vida de Mario Aburto Martínez en reclusión ha permanecido fuera de los alcances del acceso a la información pública. Desde que el 24 de marzo de 1994 fue presentado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) como presunto homicida de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia en 1994, jamás ha vuelto a aparecer de manera oficial. Incluso, en 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigaba presunta tortura en su contra, denunció que se le impidió el contacto con el reo.
Este 20 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto en materia de simplificación administrativa que ordena la desaparición de siete órganos autónomos. El Congreso de la Unión tiene un plazo de 90 días hábiles para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes. En el conjunto, el más emblemático es el INAI que se encargó de garantizar el derecho humano del acceso a la información durante dos décadas.
Sin INAI, uno de los casos cuyo destino aún no está claro y queda a la espera de la nueva normativa, es el del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
El pasado octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que Mario Aburto Martínez continuara en prisión hasta 2039.
Detenido en 1994, horas después de cometido el crimen del candidato del PRI a la Presidencia, Mario Aburto Martínez fue condenado a 45 años de prisión con base en el Código Penal Federal. Pero en Baja California, el estado donde se cometió el atentado, la pena era en ese momento de 30 años. Con base en esa diferencia la defensa de Aburto Martínez interpuso un amparo para que se dictara una nueva sentencia. Pero la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de revisión. La Corte le dio la razón a la FGR.
La determinación se emitió después de que la ministra Lenia Batres Guadarrama desempató la votación de los ministros que había quedado 2-2. El proyecto en la Corte fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y propuso desechar el amparo que el Tribunal Colegiado le dio a Aburto para salir libre porque no tomó en cuenta a los familiares de la víctima mortal.
Este 2025, Luis Donaldo Colosio Murrieta cumplirá 31 años de asesinado. Son los mismos que tiene en prisión Mario Aburto Martínez a quien el Estado acusó de los dos disparos mortales que recibió en la cabeza el entonces candidato presidencial del PRI.
Reporte Índigo le solicitó a Prevención y Readaptación Social (PRS) pruebas de vida del asesino “confeso” de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El organismo brindó una respuesta breve que en resumen indicó que Aburto Martínez era parte de la población penitenciaria sentenciada y ello representaba una única y suficiente prueba de vida.
Pero, después de un recurso de revisión, el INAI le ordenó a ese organismo hacer una búsqueda exhaustiva en la Coordinación General de Ejecución Penal y Reinserción Social, la Coordinación General de Control Penitenciario, la Dirección General de Fomento y Fortalecimiento de los Ejes de Reinserción Social y Vinculación con Autoridades Corresponsables, así como a la Dirección General de Control Jurídico de Sentenciados.
La única instancia que respondió fue la Coordinación General de Ejecución Penal y Reinserción Social. En su pronunciamiento presentó el documento “Registro de Asistencia del Departamento de Actividades Educativas”, pero al mismo tiempo, lo reservó hasta el 21 de octubre de 2029.
Cuando ese documento sea liberado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habrá concluido. A Mario Aburto Martínez le faltarán diez años para cumplir la sentencia de 45 años que le fue otorgada.
