A cambio del cierre del proceso penal en su contra por corrupción, Eric Adams está dispuesto a debilitar las protecciones de ciudad santuario de la metrópoli neoyorquina para permitir redadas y detenciones en sitios públicos.
Entre 150 y 200 mil migrantes mexicanos indocumentados que viven o trabajan en la ciudad de Nueva York podrían estar en riesgo de ser blanco de una situación inédita para esta metrópoli: la posibilidad de ser detenidos en redadas sorpresa o en operativos en calles y espacios públicos implementados por agentes migratorios, con la colaboración de la policía local.
Lo anterior, como resultado de las negociaciones políticas y extralegales que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, lleva a cabo con la administración del presidente Donald Trump, para que se retiren una serie de cargos penales por corrupción presentados en su contra por el Departamento de Justicia (DoJ).
Todo ello a cambio de que él facilite los operativos migratorios en calles de “la gran manzana”.
La situación ya se ha vuelto en un escándalo y ya ha tenido repercusiones directas con la renuncia de la fiscal federal de Manhattan que estaba a cargo del caso contra Adams, y varios colegas suyos en Washington, quienes consideran ilegal y poco ética la forma en que las nuevas cabezas del DoJ buscan cerrar el caso.
Nueva York es una de las ciudades calificadas como “santuario” para los migrantes en este país. Se trata de urbes donde, entre otras cosas, las autoridades locales siguen una política pública de no colaboración con estrategias federales en materia de persecución y deportación de migrantes indocumentados más allá de lo estrictamente contemplado por la ley u ordenado por un juez.
Todo ello las vuelve en centros receptores de migrantes, quienes encuentran un sitio más seguro para obtener un trabajo o llevar a cabo una vida relativamente tranquila, sin el riesgo latente de una detención sorpresa al salir de su casa o una separación familiar.
Datos del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés) señalan que hasta 2019 había un estimado de 835 mil personas indocumentadas viviendo en Nueva York, de las cuales el principal grupo demográfico son justamente los mexicanos, con 156 mil para ese momento. Para 2025 se estima que esa cifra podría haber llegado a los 200 mil.
La vocera de la Casa Blanca y el zar para temas migratorios del gobierno de Donald Trump ya han declarado oficialmente que toda persona indocumentada en los Estados Unidos es considerada criminal y sujeta de deportación.
Las políticas de ciudad santuario, que ahora negocia Adams, son la única protección de los mexicanos indocumentados en contra de esa ofensiva.
Eric Adams, un ex oficial de policía que en 2006 inició una carrera política, fue elegido en 2021 como alcalde de la ciudad de Nueva York para un periodo que vence en noviembre de este año. Su administración ha sido controversial casi desde el inicio por diversas políticas que no han sido bien recibidas por los neoyorquinos principalmente.
Diversas encuestas ubican la popularidad de Adams por debajo del 30 por ciento, la menor para un alcalde de esta ciudad desde la década de los 90.
En septiembre del año pasado y luego de meses de especulaciones sobre denuncias de malos manejos y posible corrupción durante su periodo de campaña, los fiscales federales en Nueva York presentaron una acusación formal en contra de Adams por cargos de soborno, fraude electrónico y recepción de donaciones ilegales.
En el documento de acusación de 57 páginas, radicado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, ubicado en Manhattan, se resume que Adams buscó y aceptó beneficios valiosos indebidos como viajes internacionales de lujo, y recibió dinero de diversos empresarios e incluso de un funcionario del gobierno de Turquía que pretendía ganar influencia sobre él para futuros proyectos.
Se trata de relaciones que los fiscales federales calificaron de “corruptas e ilegales” y que ocurrieron no solo durante la campaña, sino ya con él en el puesto de alcalde de Nueva York, donde materializó diversos beneficios en proyectos o con trámites para las personas que lo sobornaron.
La investigación, que incluyó cateos y aseguramiento de computadoras y teléfonos del alcalde, ha seguido en desarrollo.
Tras conocerse los cargos, Adams rechazó renunciar a su puesto y ha insistido en su inocencia. Encargó a sus abogados su defensa, al tiempo que señaló que se mantendría totalmente comprometido en su labor como alcalde.
Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, el alcalde Adams buscó diversos acercamientos con el círculo del magnate y empresario, e incluso logró reunirse con él en al menos una ocasión en su residencia de Mar-A-Lago en Florida.
De forma paralela el alcalde realizó diversas declaraciones en las que afirmó que estaba de acuerdo con la nueva política del gobierno federal de perseguir y deportar a inmigrantes con antecedentes criminales.
La especulación sobre si todo lo anterior eran señales de una posible negociación a cambio de librar las acusaciones, se confirmó el 10 de febrero, cuando el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Emil Bove, instruyó por escrito a los fiscales a cargo del caso que se desistieran del proceso iniciado en la corte.
Bove apuntó que el desistimiento no obedecía a que no existiera evidencia para mantener el proceso, sino que era “apropiado” para no interferir en los esfuerzos del alcalde en proporcionar “todos los recursos y atención necesario” en el combate a la inmigración irregular en Nueva York.
La referida solicitud ha generado un sismo en el DoJ y la opinión pública. Danielle Sassoon, la fiscal en jefe del equipo a cargo de la investigación, envió el 13 de febrero una carta a la titular del Departamento de Justicia, Pam Bondi, presentando su renuncia tras criticar la instrucción recibida y argumentar que no hay forma en que pueda ejecutarla “de buena fé”.
“No hay forma en que la ley respalde una determinación de esta naturaleza y además estoy segura que Adams cometió los delitos de los que se le acusa”, dijo.
Sassoon denunció en la misma carta que el 31 de enero hubo una reunión entre representantes de la nueva administración del DoJ y abogados del alcalde, en la que estos últimos insistieron en un intercambio de favores (quid pro quo) enfocado a que el alcalde impulsara los objetivos de inmigración y deportación del nuevo gobierno una vez que el tema de su proceso penal quedara a un lado.
En solidaridad con Sassoon, al menos otros seis experimentados fiscales del DoJ también han presentado sus renuncias. Una situación que Emil Bove ha calificado de una “traición” a las políticas de Trump respaldadas por su victoria en las urnas.
Alex Spiro, abogado del alcalde, respondió en un mail enviado a diversos medios de los Estados Unidos que lo señalado por la fiscal era una mentira y no se había planteado ningún intercambio de favores.
No obstante, el mismo 14 de febrero Eric Adams apareció en un programa de televisión de la cadena Fox News acompañado del zar para la frontera del gobierno de Trump, Tim Homan, donde dijo estar de acuerdo en “flexibilizar” las leyes de ciudad santuario de Nueva York para que agentes federales puedan realizar no solo detenciones por temas penales sino también por violaciones de tipo civil.
De acuerdo con los datos del MPI, el estado de Nueva York se encuentra entre las diez entidades de los Estados Unidos con mayor población de personas originarias de México. En la ciudad de Nueva York los mexicanos son el principal grupo demográfico entre la población migrante.
Los mismos datos muestran que, en promedio, 1 de cada 6 inmigrantes indocumentados es de origen mexicano. En cada uno de los cuatro principales condados de la ciudad, Queens, Brooklyn, el Bronx, y Manhattan, los mexicanos han establecido asentamientos importantes.
Información del consulado de México en Nueva York indica que la mayor proporción de inmigrantes mexicanos indocumentados que han llegado a la ciudad en los últimos 20 años provienen principalmente de los estados de Puebla y Oaxaca, y en menor proporción de Guerrero, Michoacán y Veracruz.
Los datos del MPI y del Departamento de Planeación de la Ciudad de Nueva York muestran que los mexicanos son una pieza clave en la fuerza de trabajo en la ciudad.
Del 35 a 40 por ciento de los trabajadores de restaurantes y servicios relacionados con comida son mexicanos; al igual que el 25 a 30 por ciento de los trabajadores que hacen reparaciones en casas o que trabajan en la construcción; y el 20 por ciento de los que hacen trabajo doméstico.
Por si lo anterior fuera poco, el 10 por ciento de los vendedores en las calles o al frente de pequeños negocios también son mexicanos.
En ese contexto, MILENIO ha podido verificar en diversos recorridos en Brooklyn o el centro de Manhattan que pese a las amenazas del gobierno de Donald Trump no ha habido, al menos de forma evidente, ausentismo de trabajadores mexicanos o de otras nacionalidades en restaurantes, supermercados o establecimientos similares. Tampoco en servicios de comida. Las cámaras de comercio no reportan afectaciones al momento.
Lo que sí existe es mayor temor. Es el común denominador en las impresiones de los migrantes que trabajan en la “gran manzana”, como Lucía, originaria el estado de Oaxaca y quien labora en una cafetería ubicada en la avenida Parkside, cerca del centro de Brooklyn.
“No sé bien que ha hecho el alcalde, pero sí lo que ha dicho el presidente y pues sí tenemos miedo, pero si no trabajamos no comemos. Así que no queda de otra.
"Nosotros venimos a eso nada más. Nos ganamos la vida de forma decente. Nueva York es un lugar más tranquilo que otros para los migrantes. Ojalá eso no cambie”, dijo la joven.
