La medida representa un retroceso para aquellos que luchan contra la deportación y que no pueden pagar por su propia cuenta un abogado.
Washington.- El gobierno ordenó a los proveedores de servicios legales que trabajan con miles de Niños (Menores) Inmigrantes No Acompañados que suspendan sus trabajos inmediatamente. La medida, que forma parte de la política de ‘tolerancia cero’ del presidente Donald Trump, constituye un duro golpe al Acuerdo Judicial Flores de 1997, que regula la manera en que deben ser tratados los niños bajo el cuidado del gobierno federal.
El acuerdo, cuestionado por los gobiernos de Barack Obama, Trump (en sus dos gobiernos) y Joe Biden, incluye una serie de protocolos y ordenanzas dirigidas a respetar la seguridad, integridad y seguridad de cualquier menor que cruza la frontera de manera indocumentada y es hallado por las autoridades federales de inmigración.
Una de las regulaciones, protegidas por los tribunales de justicia, establece que los niños deben recibir servicios legales para que puedan navegar dentro del marco del debido proceso migratorio y defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
Las asesorías son proporcionadas por organizaciones civiles sin fines de lucro que reciben fondos del gobierno para realizar este importante trabajo y darles a los niños migrantes el trato estipulado en el Acuerdo Flores.
El Centro Acacia para la Justicia, que ayuda a unos 26 mil Niños No Acompañados bajo la custodia de la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR), que opera bajo el mando del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), recibió una nota del Departamento del interior.
“Esta decisión va en contra de garantizar que los niños que han sido víctimas de trata o están en riesgo de ser víctimas de trata tengan representantes legales amigables con los niños que protejan sus derechos e intereses legales”, dijo Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro Acacia para la Justicia en un comunicado.
“Los niños con un abogado cuentan con la información y la asistencia que garantiza que no solo estén protegidos de circunstancias peligrosas en su comunidad, sino que también asistan a sus procedimientos de inmigración y sigan participando en el proceso judicial. De hecho, el 94 por ciento de los niños con un abogado asisten a sus audiencias en el tribunal de inmigración”, indicó.
El programa de Niños No Acompañados que ejecuta Acacia otorga representación legal a más de 26 mil niños que se encuentran bajo la custodia de la ORR y que han sido liberados, protegiendo a los niños de la trata, el abuso y la explotación, ayudando a que los tribunales de inmigración funcionen con más fluidez y garantizando un mínimo de debido proceso, de modo que los niños que transitan solos por el sistema de inmigración comprendan sus derechos y obligaciones legales, explica la organización.
Aber dijo además que “la decisión de la administración de suspender este programa socava el debido proceso, afecta desproporcionadamente a los niños vulnerables y pone a los niños que ya han sufrido traumas graves en riesgo de sufrir más daños o ser explotados. Estamos listos para trabajar con el Departamento de Salud y Servicios Humanos para revisar y restablecer rápidamente estos servicios esenciales para que Acacia y nuestros socios puedan seguir apoyando a los niños vulnerables”.
A finales de enero una jueza federal de California ordenó al gobierno de Trump “que se adhiera” a los términos del acuerdo de 2022, que garantiza mantener unidas a las familias migrantes y establece “estándares” para las condiciones en las que se retiene a los Niños No Acompañados detenidos en la frontera.
La jueza federal Dolly Gee, de la Corte de Distrito del Centro de California, presentó una orden para extender por otros 18 meses la vigencia de un acuerdo judicial que garantiza protecciones para los inmigrantes menores bajo custodia federal.
La decisión fue anunciada un día después de que había terminado la vigencia del acuerdo, alcanzado en 2022 tras una revisión de los protocolos conocidos originalmente como Acuerdo Judicial Flores de 1997.
“El tribunal concede en parte la moción de los demandantes para modificar el Acuerdo de 2022”, escribió Gee en su decisión de finales de enero. “El Tribunal, por la presente, extiende el plazo del Juvenile Care Monitor (JCM) desde el 27 de diciembre de 2024 hasta el 27 de junio de 2025, con la opción de prórrogas adicionales debido a la falta de cumplimiento sustancial”.
El acuerdo judicial permite el monitoreo continuo de los inmigrantes menores no acompañados custodia en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Sur y el Oeste de Texas.
El acuerdo de 2022 originalmente estaba programado para terminar el miércoles 29 de enero de este año, pero después de una audiencia que incluyó discrepancias en los datos reportadas por el gobierno federal y testimonios de migrantes bajo su cuidado, la jueza Gee decidió extender la vigencia.
La organización Children’s Rights, que forma parte de la demanda, celebró la extensión de 18 meses del acuerdo de conciliación. Y recordó que el protocolo “requiere que el gobierno se adhiera a los estándares humanitarios básicos para los niños retenidos en ciertas instalaciones de la CBP”.
La orden del tribunal se emitió después de años de incumplimiento por parte de CBP, que ha seguido negando a los niños detenidos sus derechos básicos, indicó la organización.
El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.
La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia (DOJ), bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a “terceros” mayores de edad.
Tras conocerse el caso, el Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad y que el gobierno abusara de su autoridad. Además, exigía que se respetaran sus derechos, considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal.
La demanda cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de los menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos.
La querella también argumentó que el INS colocaba regularmente a personas menores de edad bajo arresto administrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podía tomar varios años.
El grupo de derechos civiles pidió a la corte otorgar a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza mientras se llevaban a cabo los procedimientos de deportación. El CHRCL, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal (Federal Register) de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), y que los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hubieran cometido delito alguno.
En 1997 y tras 12 años de litigios, incluida la Corte Suprema de Justicia, se alcanzó la resolución final que obligó al gobierno a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados.
Con información de Univision
