Ciudad de México.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, seguirá conservando los “superpoderes” que le otorgó el Congreso de la Unión, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pudo invalidar las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Aunque seis ministros se pronunciaron por declarar inconstitucionales las modificaciones a los artículos 45 y 48 del mencionado estatuto, se requerían ocho votos para invalidar las reformas, por tratarse de acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano (MC) y PRI.

El bloque de las ministras afines al movimiento de la Cuarta Transformación integrado por Loretta Ortiz Ahfl, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, votaron en contra de la propuesta presentada por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

La reforma al artículo 45 anuló la facultad del Consejo General del INE de aprobar los nombramientos de direcciones ejecutivas, potestad que ahora está en manos de Guadalupe Taddei.

Mientras que el artículo 48 ahora permite a la Junta General Ejecutiva, que es integrado por Guadalupe Taddei, los directores ejecutivos y quien está al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE, aprobar los acuerdos para la coordinación y ejecución de las actividades técnicas, administrativas y operativas del organismo en procesos electorales.

“El proyecto confunde la autonomía e independencia del Instituto al atribuir las mismas cualidades a cada una de sus unidades ejecutivas y áreas técnicas, sugiriendo que operan de manera aislada, respecto del organismo en su conjunto. Esta conclusión a la que arriba no toma en cuenta que el principio de independencia debe aplicarse al Instituto Nacional Electoral en su totalidad como un órgano autónomo y distinto de los Poderes de la Unión”, declaró Lenia Batres.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel dijo que la presidenta del INE tiene la facultad de nombrar a los directores ejecutivos.

Al respecto, la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, indicó que dichos artículos “rompen” el principio de seguridad jurídica constitucional.

“La propia norma es contradictoria y violatoria del principio de seguridad jurídica”.

Al no reunir los ocho votos, las acciones de inconstitucionalidad se desestimaron.

Información de Milenio.