México.- En México, el uso de dinero falso no es un tema que se tome a la ligera. La ley es clara y severa con aquellos que cometen este delito, incluso por ignorancia. Aunque parezca una acción sin importancia, pagar con un billete falso puede resultar en consecuencias penales significativas, un tema que despierta tanto interés como preocupación entre la población.

El Código Penal Federal establece que la falsificación o alteración de billetes es un delito grave. Se castiga con penas que pueden ir desde los cinco hasta los doce años de prisión, una medida que refleja la seriedad con que las autoridades tratan el fraude monetario. Esta disposición legal busca desalentar la circulación de dinero no auténtico y mantener la integridad de la moneda nacional.

¿Qué hacer ante la sospecha de falsificación?

La recomendación oficial, en caso de recibir un billete que se sospeche falso, es no utilizarlo bajo ninguna circunstancia para realizar pagos. En su lugar, se debe llevar a una sucursal bancaria, donde será enviado al Banco de México para su análisis sin ningún costo para el portador. Esta práctica no solo ayuda a evitar consecuencias legales sino que también contribuye a las investigaciones para detener las redes de falsificación.

La realidad en cifras

Aunque no existen cifras exactas disponibles para el público sobre el número de personas acusadas por este delito, los informes del Banco de México muestran que la detección de billetes falsos es una constante en el sistema financiero. La institución trabaja continuamente para identificar y retirar del circulante cualquier moneda o billete que no cumpla con los estándares de seguridad.

Los medios de comunicación frecuentemente reportan historias de individuos afectados por esta problemática. Desde aquellos que sin saber recibieron billetes falsos y los usaron en transacciones cotidianas, hasta los que han sido parte de esquemas de falsificación más amplios, las historias personales ilustran la complejidad y las múltiples facetas de este delito.

Consecuencias más allá de la legalidad

El impacto de la circulación de dinero falso trasciende la esfera legal y se adentra en las dinámicas económicas y sociales. La confianza en la moneda y en el sistema financiero se ve afectada cada vez que un billete falso entra en circulación, lo que puede generar desconfianza y una sensación de inseguridad financiera entre los ciudadanos y los negocios.

El Banco de México, junto con otras instituciones financieras, ha intensificado las campañas de prevención y educación para ayudar al público a reconocer billetes falsos. Estas iniciativas son cruciales para empoderar a los ciudadanos en la protección de sus finanzas personales y en la lucha contra el crimen económico.

El papel del Banco de México es fundamental en la batalla contra la falsificación. La institución no solo analiza las piezas sospechosas, sino que también incorpora y actualiza constantemente las características de seguridad de los billetes, haciendo más difícil su copia y falsificación.

Casos significativos en el pasado

En México, la penalización por pagar con un billete falso es un asunto de justicia penal con serias implicaciones. A pesar de la falta de conocimiento sobre la falsedad del billete, quien comete este acto puede enfrentar una condena mínima de cinco años en una prisión de alta seguridad.

Esperanza Reyes Aguillón es un nombre que resuena en el contexto de este delito. Esta mujer, de condición humilde y analfabeta de San Luis Potosí, intentó comprar una libreta con un billete de 100 pesos falso. Su condena fue de cinco años de prisión, y su caso se volvió emblemático por las circunstancias de su arresto y por la posterior libertad anticipada otorgada por un indulto presidencial.

La detención de Esperanza fue el resultado de la denuncia de la encargada de la papelería donde intentó usar el billete falso. La “actitud sospechosa” y el nerviosismo que mostró ante la llegada de la policía contribuyeron a su condena. Los supuestos billetes falsos fueron destruidos poco después de su detención, lo que imposibilitó su uso como prueba en el juicio y planteó serias dudas sobre el proceso legal que enfrentó.

José Mario de la Garza, abogado de Esperanza y miembro de la fundación Renace, fue un crítico vocal de las irregularidades y del trato desigual en el proceso judicial de su cliente. Según De la Garza, el juicio estuvo plagado de inconsistencias, y el abogado defensor asignado por el estado no proporcionó la representación adecuada, lo que resultó en una condena injusta y una violación de los derechos de Esperanza.

Durante el tiempo que Esperanza estuvo encarcelada, pasó once meses en la entonces prisión federal de las Islas Marías, conocida por su aislamiento y dificultad de acceso. Eventualmente, fue trasladada de regreso a su estado natal, donde su caso captó la atención de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí y de la opinión pública nacional.

La campaña por su indulto, que incluyó una petición en Change.org con más de 19 mil firmas, resaltó la empatía pública hacia su situación y el contraste percibido con los crímenes de corrupción de alto perfil que a menudo quedan impunes. Este caso pone de relieve las complejidades y las presuntas injusticias del sistema legal mexicano en el tratamiento de delitos menores relacionados con la falsificación de dinero.

David Herrera es otro individuo que enfrentó una condena de cinco años por intentar pagar con un billete falso de 500 pesos en un mercado.

Estos casos subrayan la necesidad de una mayor claridad en la legislación y una diferenciación más explícita en las sanciones para quienes usan billetes falsos sin conocimiento de su autenticidad y aquellos que activamente participan en su producción y distribución.

Falsificación, alteración y destrucción de moneda

El Código Penal Federal mexicano establece sanciones específicas para delitos relacionados con la moneda en el capítulo reformado el 11 de junio de 1992. Las penas por falsificación de moneda son severas y están diseñadas para proteger la integridad del sistema financiero nacional y la confianza del público en este.

Artículo 234 estipula que aquellos que cometan el delito de falsificación de moneda se enfrentarán a una pena de cinco a doce años de prisión y podrán ser multados hasta por quinientos días. La definición de moneda incluye tanto billetes como piezas metálicas de curso legal, nacionales o extranjeros, en el país emisor.

El delito de falsificación no solo abarca la creación de moneda falsa sino también la producción, almacenamiento, distribución o introducción al territorio nacional de cualquier documento o pieza que tenga similitudes con la moneda en circulación y que pueda engañar al público. La tentativa de falsificación también se sanciona con prisión de cuatro a ocho años y multas de hasta trescientos días.

Además, el uso consciente de moneda falsificada es un delito que conlleva la misma pena que la falsificación misma, según se especifica en la reforma del artículo.

Artículo 235 dicta penas de uno a cinco años de prisión y hasta quinientos días de multa para varios actos específicos:

La producción, almacenamiento o distribución de papel del tamaño de billetes que contengan imágenes o elementos de billetes legítimos, resultando en piezas que se asemejan a billetes reales.
La marcación de moneda con mensajes dirigidos al público, utilizando sellos o cualquier otro método no removible.
La venta o distribución de equipos utilizados para la fabricación de moneda a personas no autorizadas legalmente.
Estas reformas, incluida la última del 18 de octubre de 2023, reflejan el compromiso continuo del gobierno mexicano para combatir la falsificación y garantizar la confiabilidad de su moneda.