Donald Trump regresa al poder más conservador que nunca, desmantelando políticas de diversidad e inclusión, y responsabilizándolas de accidentes mortales y calificándolas de "discriminación inversa".
El 36% de los hombres blancos trabajadores parecen coincidir con su crítica, pero estas políticas han beneficiado a miles de estadounidenses y corporaciones.
Entre las medidas propuestas por su administración destaca la orden ejecutiva " Poner fin a la discriminación ilegal y restablecer las oportunidades basadas en el mérito ". Esta política busca redefinir la noción de mérito como criterio central en la distribución de oportunidades, relegando las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el sector público y en empresas que reciben financiamiento federal.
Expertos consideran que este enfoque podría estar ignorando las desigualdades estructurales que limitan el acceso equitativo a recursos como la educación, el empleo y la vivienda, generando también un cuestionamiento sobre cómo se entiende el concepto de mérito en este contexto.
La desigualdad estructural y el mito de la meritocracia
La premisa de este concepto es que las oportunidades deben otorgarse exclusivamente en función de habilidades y logros individuales, sin tomar en cuenta factores como el origen racial, el género o la historia socioeconómica de cada persona.
Esta interpretación no considera un factor: las desigualdades en las condiciones de partida. No todos parten desde el mismo lugar, y las barreras sociales, económicas y culturales afectan las posibilidades de cada individuo.
Un estudio del Urban Institute de 2021 muestra que la brecha de riqueza racial en Estados Unidos es significativa: en 2021, el patrimonio neto promedio de una familia blanca era de $188,200, mientras que el de una familia negra era de $24,100 y el de una familia latina de $36,100. Esta disparidad refleja diferencias en el acceso a educación de calidad, empleo bien remunerado y oportunidades de inversión.
