Saltillo, Coah.- “La impartición de justicia será más lenta, sin jueces que tengan las capacidades técnicas para resolver los casos de manera rápida”, señaló Susana Camacho, Co coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, al referirse a la implementación de la reciente reforma al Poder Judicial.

Lo anterior en entrevista para el noticiario Despega Con Chuchuy de Tele Saltillo, en donde la ejecutiva habló sobre el caso particular de Coahuila que, aunque se realizan esfuerzos estratégicos, la falta de recursos limita la posibilidad de alcanzar mejores resultados.

En el ámbito estatal, actualmente la Fiscalía General del Estado de Coahuila, comparado con el resto de las entidades, se encuentra entre las de menor cantidad de recursos económicos disponibles. Esto también se refleja en las operaciones de la Defensoría Pública, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otros.

En su más reciente estudio sobre situación del Sistema de Justicia Penal destaca entre sus hallazgos en esta entidad, que superó los promedios nacionales de carga laboral, es decir, cada fiscal manejó unas 148 carpetas, cada perito mil 489 solicitudes, cada defensor público 56 casos y cada asesor jurídico 205.

“Vemos que se logra vincular a proceso muy poquitos casos y esto nos habla de que en la Fiscalía hay muy poca capacidad de los pocos recursos que tienen de procesar más rápido y de manera más eficiente todos los casos”, dijo Camacho.

La sobrecarga de trabajo merma el desempeño y resultados que ofrecen las instituciones de justicia penal. De esta manera, la probabilidad de que los delitos queden impunes aumenta y los derechos de las personas víctimas y acusadas no son debidamente garantizados.

“Al tener pocas personas y mucha demanda, la verdad es que no se le puede dar la atención a los casos como lo requeriría la ciudadanía… Las fiscalías siguen siendo un gran cuello de botella y esto no fue tocado en la reforma judicial”, señaló la ejecutiva.

Esto sin contar con los delitos que no se denuncian en todos los ámbitos, con lo que muchos casos quedan en la impunidad. Se refirió por ejemplo, al delito de extorsión. Como ocurre a nivel nacional, también en Coahuila, se denuncia muy poco, con lo que se forma un vacío para conocer la realidad del problema y con ello, su atención.

En contraste, señaló las medidas que se han ido adoptando en Coahuila para la atención de la violencia familiar, un delito de alta incidencia, con lo que se permite responder con mayor certeza a las víctimas.

“Aunque los recursos son escasos, se hacen esfuerzos por colocar de manera estratégica, tanto los recursos materiales como humanos para poder dar solución a los problemas más graves, como ocurre con el tema de la violencia en contra de las mujeres”, externó.

En Coahuila como en el territorio nacional, con un alto número de casos por fiscal y perito, y una escasa vinculación a proceso, refleja la urgencia de fortalecer estas áreas para garantizar los derechos tanto de las víctimas como de los acusados, asegurando una justicia más eficiente y equitativa.