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Indolente y cínico

Como momia calló el Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, durante el día dos, tras el artero asesinato que cometió uno de sus policías. 

Como momia calló el Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, durante el día dos, tras el artero asesinato que cometió uno de sus polic
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ZOCALO | MONCLOVA
04-09-2025
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Como momia calló el Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, durante el día dos, tras el artero asesinato que cometió uno de sus policías. 

La rabia, el desconcierto, el dolor de los familiares del joven Rolando, no provocaron la más mínima empatía ni sentido de responsabilidad por parte del Alcalde. 

El Edil ni siquiera hizo el intento por suspender su estancia en Houston para atender la emergencia. 

La única señal de vida que dio fue un acto de total cinismo e indolencia, pues en sus redes sociales, difundió un mensaje triunfal: “Seguimos trabajando, cumpliendo compromisos con la ciudadanía”. 

A este grado de descaro ha llegado “Robán” y su percepción alterada de la realidad. 

CITADO PARA HOY 

Será hasta este miércoles cuando Román Alberto dará la cara ante las autoridades estatales por las irregularidades del Grupo de Reacción Torreón, que llevaron al crimen ocurrido en el ejido Nuevo Mieleras. 

Hoy, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, estará de nueva cuenta en la Perla de La Laguna, ya con más información, declaraciones, denuncias y líneas de investigación bien establecidas. 

En cambio, el Alcalde de Torreón se va a presentar con las manos en los bolsillos y, si acaso, con excusas que intenten descargar su falta en algún subalterno que sirva de cabeza de turco. 

HAY MÁS RESPONSABLES 

A todo esto, el secretario del Gobierno, Óscar Pimentel González, tiene muy claro el hecho: se trató de un “homicidio calificado”, y en ese sentido debe ser investigado y judicializado con todo el peso de la ley. 

Destacó la necesidad de abordar el caso desde un enfoque humano y social, pues existe una familia que clama justicia ante el artero hecho. 

Óscar Pimentel reconoció que la Policía de Torreón no siguió los protocolos. El deceso se pudo prevenir; por lo que advirtió la necesidad de esclarecer la cadena de mando, la razón por la que se omitieron los protocolos para el desalojo y, a partir de allí, establecer responsabilidades. El GRT no llegó ahí por su cuenta, hubo órdenes y aval para actuar con lujo de violencia. 

MORENA CENSURA A MORENA 

La sentida e insistente queja del diputado por Morena, Antonio Attolini Murra, contra los crecientes abusos policiales en Torreón, causó censura por parte de su compañera morenista, Delia Hernández Alvarado, quien actualmente ocupa la Mesa Directiva en el Congreso del Estado. 

Attolini se mostró frustrado por la forma en la que Román Cepeda ha generado un desgobierno en Torreón, a niveles intolerables, impulsado por la soberbia y la incapacidad. 

Sin embargo, lejos de recibir el apoyo de su compañera de Morena, la diputada Delia Hernández mandó apagar el micrófono del legislador lagunero, lo que “encabritó” aún más a Attolini, quien en protesta, pasó cinco minutos en silencio, mostrando la noticia del asesinato de Rolando Medina a manos del GRT. 

RESPUESTA PUNTUAL 

En temas más amables, en el Congreso del Estado se presentó con todo el respaldo la iniciativa para reformar el Código Penal de Coahuila, a fin de tipificar como delito los incendios urbanos, y el endurecimiento de sanciones para los responsables de los siniestros en áreas forestales. 

La diputada presidenta del Legislativo, Luz Elena Morales Núñez, destacó el apoyo y participación de sus compañeros del PRI, PAN, PRD, UDC y PVEM, que se han comprometido en apoyar la reforma y poner un alto a los incendiarios. 

Hay que reconocer que ha sido una respuesta rápida ante un fenómeno que recién se disparó, y donde varias voces solicitaron al Congreso su intervención para coadyuvar a frenar la inédita manía de prender fuego a los lotes baldíos. 

TOTAL RECONOCIMIENTO 

Con una real certeza jurídica y estado de derecho se ha logrado mantener a Coahuila en los primeros lugares de inversión en el país. Fundamentales ambos temas brindan certidumbre y seguridad jurídica sobre los bienes y las propiedades de los ciudadanos, para generar confianza entre los empresarios y mantener la paz en el estado. 

El magistrado presidente del Tribunal Superior, Miguel Felipe Mery Ayup, nunca ha escatimado en reconocer la valía y apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para que esto sea hoy una realidad. 

Ha sido fundamental la coordinación entre las distintas instancias de Gobierno, así como entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Desde el actuar de las autoridades responsables de procurar e impartir justicia, hasta quienes tienen a su cargo ejecutar el cumplimento de la ley, han hecho posible vivir en un estado ejemplar, como lo es Coahuila. 

NOTICIA BOMBA 

Javier Díaz González soltó una meganoticia. Nadie la esperaba. ¡Transporte gratis en Saltillo! A partir del primero de octubre habrá dos rutas troncales, una de norte a sur y otra de oriente a poniente, y viceversa, las cuales serán apoyadas por 32 rutas alimentadoras. 

Las troncales serán totalmente sin costo para el usuario, pues el Municipio –con apoyo del Estado– estará absorbiendo la operación al completo. Para el resto de “combis” no habrá aumentos a las tarifas. 

Esto no sólo se trata de un proyecto sin precedentes, sino que también habla del compromiso real de Javier Díaz por presentar soluciones innovadoras para mejorar la movilidad de Saltillo. 

Claro que todo esto viene apuntalado por acciones de capacitación, readecuaciones de rutas, aplicación de tecnología y demás. 

CONTRA LOS SUBEJERCICIOS 

Ante la falta de apoyo federal para la compra de equipamiento y patrullas para las policías municipales, el diputado federal Jericó Abramo Masso, dio con un subejercicio por 42 mil millones de pesos, recurso que nunca llegó a los gobiernos locales del país para invertir en seguridad pública. 

Jericó ya se puso manos a la obra y busca que se reforme la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que cualquier servidor público que, con dolo, genere subejercicios que afecten el cumplimento de los objetivos planteados por las instituciones, sea sancionado. 

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