Con esta resolución, el presunto jefe de célula del CJNG acumula dos proceso
Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, fue vinculado a proceso este viernes 7 de agosto por el homicidio calificado de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde del municipio de Uruapan.
Un juez de control con sede en Michoacán le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias. La diligencia se realizó a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación, al igual que la audiencia previa. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) no han emitido un comunicado oficial con más detalles de lo dictado por el juez.
Reportes de medios locales como Quadrantín Michoacán detallaron que el procesamiento fue dictado a las 13:41 horas.
Esta resolución llegó luego de que la audiencia inicial fuera aplazada en dos ocasiones. Álvarez Ayala compareció vía videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como El Altiplano, donde permanece recluido y también vinculado a proceso por los delitos de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de drogas. Esos cargos federales derivaron de lo que se le encontró el 30 de julio cuando fue detenido en Jalisco.
El pasado 5 de agosto la defensa del “R1″ se acogió a la duplicidad del término constitucional para preparar sus argumentos en el caso Manzo, por lo que la sesión definitiva se retomó este viernes y fue ahí donde se confirmó su vinculación a proceso por el crimen perpetrado el pasado 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue el funcionario encargado de anunciar la detención del “R1″, señalado como presunto jefe de la célula criminal afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocida como “Los R´s" . El día de la aprehensión, Harfuch detalló que con Ramón suman 31 arrestos en el marco de las investigaciones para esclarecer el crimen.
Por hechos distintos al homicidio de Manzo, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso ante un juez de control los datos de prueba que derivaron en otra vinculación a proceso contra Ramón Álvarez Ayala y Jesús Salvador Vela Salazar, por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína.
Las imputaciones surgieron luego de los objetos que se les encontraron el 30 de julio en la colonia Los Naranjos del municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo la ratificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para ambos, a cumplirse en el CEFERESO No. 1 “Altiplano”, además de un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
El día en que cayó el ”R1″, Harfuch informó que durante el operativo había un abatido. Medios de comunicación identificaron a la persona como Sergio Antonio, alias “El Tohui”, presunto hermano de Vela Salazar e identificado como persona de confianza de Álvarez Ayala.
Harfuch explicó el pasado 31 de julio en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que presuntamente el crimen organizado habría matado a Manzo porque interpretó sus acciones como una “provocación”: los operativos, las detenciones y la presencia del alcalde en acciones contra los grupos delincuenciales. El dato lo aportaron los propios detenidos en el marco de las investigaciones.
Las investigaciones también ubicaron previamente a un informante dentro del círculo de Manzo: Samuel “N”, quien trabajaba en el Ayuntamiento de Uruapan y habría entregado información sobre los movimientos del alcalde a integrantes de la célula encargada de ejecutar el homicidio a cambio de drogas.
Las autoridades señalan al “R1″ como quien ordenó y financió el crimen, respaldado por análisis forenses de equipos telefónicos, transferencias bancarias, declaraciones ministeriales e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez.
Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, cuestionó públicamente esa versión. En mensajes publicados en redes sociales el 1 de agosto, preguntó por qué el crimen organizado esperó a que Manzo dejara su vínculo con Morena para actuar, y advirtió que hay “muchas preguntas incómodas que quizá al sistema no le gustarían”.
