El 13 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Defensa firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información entre la UIF y la Guardia Nacional (GN), con el objetivo de prevenir y detectar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

Según el comunicado de la Secretaría de Hacienda publicado este 21 de octubre, el acuerdo establece mecanismos para identificar operaciones presuntamente ilícitas y monitorear al beneficiario final de bienes o recursos.

Especificó la secretaría que la información se intercambiará bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y confidencialidad, con obligaciones específicas para proteger datos personales y documentos reservados.

La GN podrá proporcionar a la UIF datos de sus bases y registros, mientras que la unidad podrá compartir productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos de sujetos obligados.

El convenio también contempla capacitación en análisis operativo y estratégico, además de un grupo de trabajo para coordinar y supervisar las acciones, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó el pasado 14 de octubre que la UIF puede acompañar el congelamiento de cuentas sancionadas por Estados Unidos si detecta irregularidades, mientras empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste recibieron contratos públicos en Nuevo León y Tamaulipas.

Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 compañías mexicanas por un supuesto esquema de lavado de dinero y financiamiento de campañas políticas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puede actuar para impedir transferencias de recursos de México hacia territorio estadounidense. México acompaña esas medidas cuando la UIF encuentra elementos para inmovilizar cuentas.“La OFAC, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tiene la posibilidad de realizar acciones para evitar que haya transferencia de recursos de México hacia Estados Unidos y recientemente han hecho algunas sanciones”, declaró Sheinbaum. “En algunos casos los acompañamos, cuando se informa la UIF y la UIF detecta que hay irregularidades se acompaña este congelamiento de cuentas o esta inmovilización de cuentas”.

Sheinbaum precisó que, cuando la UIF no encuentra pruebas, la sanción queda como una medida estadounidense. Añadió que, de acuerdo con la información que recibió de la Secretaría de Hacienda, no existía un vínculo acreditado entre las compañías señaladas y una organización delictiva.

La presidenta sostuvo que las autoridades mexicanas solicitan pruebas cuando Estados Unidos afirma que una persona o empresa tiene nexos con grupos criminales. “Una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimientos de que está vinculado con la delincuencia organizada”, afirmó.

Si Estados Unidos entrega información que demuestre esa relación, se abre una carpeta de investigación en México para que la Fiscalía realice la persecución del delito, explicó. Si la UIF detecta múltiples irregularidades, tiene la obligación de presentar una denuncia ante la FGR.

La OFAC incluyó a CEGESA, a sus propietarios y a otras nueve compañías en un paquete de sanciones contra una red que, según la autoridad estadounidense, estaba bajo control del Cártel del Noreste.

Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V., conocida como CEGESA, obtuvo al menos 109 millones 963 mil 858 pesos en tres contratos otorgados por la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, CODEFRONT. Las adjudicaciones correspondieron a obras en Anáhuac durante la administración del gobernador Samuel García.

De acuerdo con una revisión de Infobae México, los contratos fueron asignados entre 2022 y 2026 para trabajos en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional, identificado como CEFACIL, y el Puerto Fronterizo Colombia-Laredo.