Fiscalía sostiene que el supuesto secuestro fue organizado por ella y familiares cercanos para obtener recursos públicos mediante un falso rescate
Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ejercitó acción penal contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco y otras cinco personas por la simulación de su secuestro.
De acuerdo a las autoridades, la alcaldesa habría planeado su secuestro para justificar una faltante de 40 millones de pesos durante su administración como funcionaria pública.
De acuerdo con la investigación, desde febrero de este año José Roberto “N”, esposo de la presidenta municipal, y Oscar “N”, su cuñado, habrían comenzado a planear un “falso secuestro” para exigir un rescate millonario, que presuntamente justificara la ausencia de ese dinero durante su mandato.
Como parte de las indagatorias, la dependencia detuvo a Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, además de obtener una audiencia de formulación de imputación contra la edil. También cuenta con órdenes de aprehensión vigentes contra José Roberto “N” y Oscar “N”, quienes permanecen prófugos.
La #FiscalíaEdoméx detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de… pic.twitter.com/XgdLKJVWXc
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026
Nancy Nápoles Pacheco es una abogada y política mexicana que actualmente se desempeñaba como presidenta municipal constitucional de Tenancingo, Estado de México, para el periodo 2025-2027; actualmente es militante de Morena.
Antes de asumir la alcaldía, Nápoles Pacheco fue diputada local en la LX Legislatura del Estado de México, donde representó al Distrito 7 con cabecera en Tenancingo. Su trayectoria dentro de Morena también la llevó a ocupar espacios de liderazgo, destacando su elección como presidenta del Consejo Político Estatal del partido en septiembre de 2022.
En el ámbito profesional, entre 2014 y 2017 fue coordinadora de capacitaciones en la consultoría Clonia, especializada en temas de liderazgo político. Posteriormente consolidó su carrera electoral y en los comicios de 2024 cuando obtuvo la victoria en Tenancingo con 11 mil 723 votos, lo que le permitió convertirse en la presidenta municipal constitucional.
Según la denuncia presentada por la presidenta municipal, el 31 de mayo se encontraba afuera de su domicilio cuando fue interceptada por tres personas.
En su declaración relató: “estaba a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, color arena, estacionada afuera de mi domicilio, ubicado en el municipio de Tenancingo, cuando llegó un carro rojo con dos masculinos y una femenina, uno de ellos bajó, se me aproximó, me tomó del brazo y con un arma de fuego me amenazó para privarme de mi libertad obligándome a abordar ese vehículo, pero me dio tiempo de entregarle mis pertenencias a una familiar que estaba conmigo”.
La denunciante aseguró que durante el supuesto cautiverio sus captores le entregaron un teléfono celular para que ella misma solicitara dinero a sus familiares a cambio de su liberación y pidiera que no se realizaran operativos de búsqueda.
Posteriormente, acudió ante el Ministerio Público y declaró que logró escapar. En esa entrevista señaló que “aprovechó un descuido de sus captores, logró escapar y pidió ayuda en un domicilio cercano, desde donde llamó a su esposo, quien, en compañía del Director de seguridad pública, acudió por ella para trasladarla a su domicilio”.
Asimismo, afirmó que los presuntos secuestradores le dijeron que “los habían mandado a matarla, igual que a su mamá, a su hermana y a su sobrino, además de realizarle la exigencia de 40 millones de pesos a cambio de su libertad y que si no los tenía ella, los tomara de los recursos del ayuntamiento”.
Sin embargo, las investigaciones de la FGJEM comenzaron a revelar inconsistencias. Entre ellas, el análisis de videograbaciones de cámaras de vigilancia en las que, según la Fiscalía, no se observa violencia física ni resistencia por parte de la alcaldesa al momento de abordar el vehículo rojo. Incluso, las imágenes mostrarían que uno de los participantes la ayuda a descender de su automóvil para subir al otro vehículo.
La Fiscalía también rastreó el teléfono celular utilizado durante los hechos, el cual registró movimientos desde la Ciudad de México hacia Oaxaca. Además, identificó que el automóvil Volkswagen Virtus rojo involucrado era utilizado habitualmente por Karla Valeria “N”, quien presuntamente participó junto con su pareja sentimental, Christian “N”, y su hermano, Víctor Manuel “N”.
Uno de los participantes declaró que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.
Las autoridades sostienen que la propia alcaldesa habría participado en la planeación y ejecución del supuesto secuestro con el objetivo de justificar un faltante de recursos públicos por la misma cantidad. Según la carpeta de investigación, el 31 de mayo los involucrados habrían llevado a cabo el plan, simulando la privación de la libertad de la funcionaria.
Además, la posible afectación de ese dinero al erario fue turnada a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para que realicen las investigaciones correspondientes.
La FGJEM también señala que durante el trayecto la propia presidenta municipal habría indicado la ruta para evitar cámaras de vigilancia. Más adelante, al percatarse de la movilización policiaca, presuntamente comentó a sus acompañantes que “todo se salió de control”, por lo que pidió ser dejada en un camino de terracería para posteriormente solicitar ayuda y presentar los hechos como una fuga de sus supuestos captores.
Por estos hechos, la Fiscalía ejercitó acción penal por el delito de simulación de secuestro. Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N” ya fueron detenidos, mientras que José Roberto “N” y Oscar “N” son considerados evadidos de la justicia. En el caso de la presidenta municipal, la audiencia de formulación de imputación fue programada para el próximo 9 de julio.
La FGJEM recordó que, de acuerdo con la legislación vigente, los particulares investigados podrían enfrentar penas de hasta 16 años de prisión por simulación de secuestro y hasta 25 años por el delito de extorsión.
En tanto, la servidora pública podría enfrentar las sanciones previstas por la ley. No obstante, las autoridades subrayaron que todas las personas involucradas deben ser consideradas inocentes hasta que una autoridad judicial determine lo contrario.
