El diario estadounidense señala que la mandataria habría reprochado a sus colaboradores de seguridad asumir que Washington contaría con pruebas sólidas, durante una presunta reunión en Palacio Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum habría cuestionado a sus principales funcionarios de seguridad e inteligencia por los planes de congelar cuentas bancarias de exfuncionarios vinculados a una gobernadora de Morena, que estaban por ser sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con un reporte publicado el 6 de octubre de 2026 por The Wall Street Journal (WSJ).
Según el diario, que cita a personas familiarizadas con la discusión, la reunión ocurrió la semana pasada, al amanecer, en Palacio Nacional. Hasta el momento, el encuentro no ha sido confirmado oficialmente.
De acuerdo con el WSJ, Sheinbaum habría cuestionado a sus colaboradores porque, a su juicio, daban por hecho que Estados Unidos contaba con pruebas sólidas contra los exfuncionarios. El medio señala que la presidenta consideraba que esa postura iba más allá de la cooperación con autoridades estadounidenses que ha caracterizado su gobierno.
Entre los presentes habría estado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Según las fuentes citadas por el diario, Sheinbaum se dirigió a él en términos duros y habría afirmado que las medidas de EE. UU. formaban parte de un esfuerzo por desestabilizar a México y a su gobierno.
El WSJ reporta que, al final, la presidenta consintió el congelamiento de las cuentas. Según el diario, negarse habría tensado la relación bilateral.
Los voceros de Sheinbaum y de García Harfuch declinaron comentar, según el medio.
Según el WSJ, el Tesoro estadounidense sancionó la semana pasada a 21 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre ellas habría funcionarios que presuntamente aceptaron sobornos para proteger a la organización en cruces fronterizos de Tijuana y Mexicali.
El eje del presunto esquema, de acuerdo con las autoridades estadounidenses citadas por el diario, sería Carlos Torres, entonces esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El Tesoro lo describe como un operador político con presunta alianza con un líder del cártel en Mexicali.
Los señalamientos, atribuidos al gobierno de EE. UU., incluyen:
El WSJ indica que Carlos Torres no respondió a solicitudes de comentario y que Luis Torres no pudo ser localizado.
Ávila negó irregularidades. El gobierno de Baja California informó en un comunicado que está legalmente divorciada de Torres y que el único interés que comparten es el bienestar de su hijo. Su vocero indicó que no figura en la lista de sancionados.
El diario añade que el Departamento de Estado retiró la visa a Torres en mayo de 2025 y también la de Ávila, sin precisar el motivo.
El WSJ recoge que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó la semana pasada que bloqueó cuentas de empresas y personas sancionadas por el Tesoro como medida preventiva, tras detectar “operaciones financieras de riesgo” reportadas por instituciones financieras.
Según el diario, el comunicado de la UIF no hizo referencia a presuntos vínculos de esas personas con el crimen organizado. Un vocero de la unidad declinó comentar.
