El Máximo Tribunal analiza si las modificaciones al plan deben tratarse como una norma general o como un acto de autoridad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer el caso sobre los cambios al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual, una decisión con la que el Máximo Tribunal definirá si esas modificaciones pueden impugnarse como una norma general que produce efectos por sí misma o como un acto administrativo, y de esa clasificación dependerá cómo se combaten en amparo y desde cuándo corre el plazo para demandarlas.
La determinación sobre el proyecto de Mahahual fue aprobada por unanimidad este 10 de agosto, de acuerdo con un mensaje difundido por la propia Corte en X y con el video de la sesión publicado en sus redes.
En la sesión, Daniel Álvarez Toledo, secretario general de acuerdos de la Suprema Corte, planteó la pregunta jurídica que llegará al Máximo tribunal: cuándo se impugnan modificaciones a programas de desarrollo urbano mediante juicio de amparo, si deben considerarse normas generales autoaplicativas o actos administrativos de efectos particulares y, a partir de ello, cómo debe computarse el plazo para promover la demanda.
Hugo Aguilar Ortiz, el ministro presidente, sometió la solicitud a votación y Álvarez Toledo informó el resultado: hubo unanimidad para ejercer la facultad de atracción. Con ello, la SCJN no resuelve todavía la legalidad del megaproyecto turístico previsto para la zona ni si puede construirse.
Lo que sí resolverá la SCJN es una cuestión procesal que puede modificar el rumbo de los amparos presentados contra las modificaciones al plan urbano de Mahahual. La decisión fijará si esos cambios tienen el carácter de norma general o de acto administrativo concreto.
Esa diferencia incide en tres puntos: qué tipo de impugnación procede, desde qué momento empieza a contarse el plazo para promoverla y quién tiene legitimación para acudir ante los tribunales. También puede delimitar si solo pueden demandar quienes acrediten una afectación directa o si existe margen para que lo hagan vecinos y comunidades con interés legítimo ambiental.
Si la Corte concluye que se trata de una norma general, el acceso a la justicia suele ampliarse y la interpretación de los plazos cambia. Si determina que son actos administrativos, el margen de impugnación puede estrecharse por reglas más rígidas en tiempos y legitimación.
Ese criterio no solo alcanzará el conflicto en Quintana Roo. La definición puede servir para otros litigios en México sobre programas municipales de desarrollo urbano cuando chocan proyectos turísticos o de infraestructura con derechos ambientales y reclamos comunitarios.
La discusión judicial sobre Mahahual ocurre después de que la Semarnat informó el 21 de mayo que no aprobará el complejo turístico Perfect Day, promovido por Royal Caribbean en esa zona de la costa de Quintana Roo. La dependencia sostuvo primero en X que el procedimiento ambiental había concluido conforme a derecho y después emitió un comunicado oficial.
De acuerdo con la publicación, la empresa se desistió formalmente del proyecto luego de que la autoridad detectó deficiencias e impactos ambientales no atendidos. La evaluación incluyó tres desarrollos interrelacionados: el parque acuático Perfect Day, el club de playa Beach Club Perfect Day México, Mahahual, Quintana Roo, y la construcción de un muelle para cruceros de uso privado.
Semarnat revisó los expedientes en conjunto por su vínculo funcional y por su posible efecto acumulado sobre ecosistemas costeros y marinos. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental identificó obras como demolición de infraestructura existente, grandes instalaciones turísticas, playas y ríos artificiales, canales, plantas de tratamiento de agua y pozos de extracción.
La superficie total analizada fue de 82.58 hectáreas, de las cuales 16.38 requerían cambio de uso de suelo. Entre los riesgos señalados estuvieron la presencia de manglar dentro del polígono, posibles incumplimientos de la NOM-022-SEMARNAT-2003, intrusión salina asociada a una planta de ósmosis inversa, alteraciones al equilibrio hidrológico del acuífero y falta de medidas suficientes para prevenir, mitigar y compensar daños.
Advirtió la Semarnat también de insuficiencias en el análisis sobre ecosistemas acuáticos y arrecifales, incluida la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, así como una posible afectación a especies protegidas por la NOM 059. En el caso del club de playa, la dependencia detectó 33 impactos ambientales sin medidas de mitigación.
