Ciudad de México.- El 29 de abril se materializaron los amagos de la Administración de Donald Trump en contra de funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado. Ese día, el Departamento de Justicia anunció acusaciones contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Señalado de pactar con el cártel de Sinaloa en las elecciones 2021 que le dieron el triunfo estatal, Rocha Moya rechazó esa tarde las imputaciones formuladas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y advirtió que era un ataque no sólo a su persona, sino al movimiento de la autoproclamada cuarta transformación.

Entre los funcionarios y exservidores acusados por EU están el senador morenista Enrique Inzunza; el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el subprocurador de Sinaloa, Dámaso Castro, así como distintas autoridades de seguridad.

Rocha

Un día después de ser acusado con fines de extradición, Rocha descartó solicitar licencia para separarse del cargo y afirmó sentirse sin temor alguno.

Ese 30 de abril encabezó en Navolato el inicio del programa de Fertilizantes para el Bienestar que, según dijo, beneficiaría a casi 60 mil productores del campo de los 20 municipios de Sinaloa.

Sin embargo, el 1 de mayo solicitó licencia temporal de su cargo, luego de que la FGR inició una investigación para evaluar si había pruebas fehacientes en lo que EU acusaba.

“Tengo la conciencia tranquila, tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras”, aseveró en un mensaje en sus redes sociales.

El 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa realizó una sesión extraordinaria, en donde se aprobó la solicitud de licencia de Rocha Moya y se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina.

Desde entonces, no se ha visto a Rocha públicamente.

Inzunza

El senador Inzunza, quien también rechazó las imputaciones de EU se ha mantenido ajeno a la actividad legislativa.

Autoproclamado defensor de la soberanía nacional, desapareció de su escaño desde que EU lo señaló de haber pactado con Los Chapitos a cambio de favores políticos y permanencia en el poder. No obstante, permaneció brevemente activo en su cuenta de X, donde hizo llamados a defender la patria.

El 2 de mayo, garantizó que refutaría todas las “falsedades” desde el ejercicio de su cargo en el Senado de la República y aseguró que, de ser solicitado, acudiría a cualquier citatorio.

Esa tarde publicó un video en redes sociales donde, según él, estaba en Badiraguato; en ese mensaje, prometió que acudiría a las sesiones de la Comisión Permanente del 6 de mayo.

Desde entonces, Inzunza no ha publicado nada en sus redes ni se ha aparecido en su escaño.

Blinda datos de Gobierno

El 16 de abril, el Congreso de Sinaloa recibió una iniciativa de ley firmada por Rocha Moya para modificar la Ley de Transparencia estatal.

Aunque en la exposición de motivos se habla de la necesidad de homologar el marco legal con el federal, además de la racionalidad del gasto, la propuesta contiene elementos que alarmaron a organizaciones de la sociedad civil por el retroceso que implicaría su aprobación.

La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS) comparó los artículos actuales de la ley con la modificación propuesta, y halló 20 puntos de preocupación, entre los que están que el Ejecutivo podrá reservar comprobantes fiscales o cualquier tipo de recibo que sustente el ejercicio de gasto público.

También hallaron que amplían las causales de reserva para incluir seguridad nacional, estabilidad financiera, estudios o proyectos del Estado y una formulación más amplia del daño al interés público, y crece el concepto de información confidencial ante la existencia de denuncias o procedimientos administrativos en curso. “Estos cambios reducen el derecho de acceso a la información y generan riesgos de regresividad y menor control ciudadano sobre el poder público”, se lee en el documento.

También se expande el plazo de respuesta, de 10 a 20 días; no define a los “sujetos obligados”, lo que ensancha la discrecionalidad y ambigüedad de la aplicación de la ley; se elimina el Consejo Consultivo, que es un mecanismo de participación ciudadana; borra los términos de transparencia proactiva, Gobierno abierto y cultura de transparencia, y elimina las obligaciones de partidos y sindicatos a transparentar contratos y convenios, montos de financiamiento público y privado, entre otras cosas.