Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la pensión vitalicia otorgada por Pemex a María Amparo Casar fue cuestionada desde el sexenio pasado, pero evitó pronunciarse sobre el fondo penal del caso y remitió el tema a la Fiscalía General de la República (FGR).

Al ser cuestionada sobre la investigación relacionada con los pagos que recibió la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tras la muerte de su esposo, la Mandataria federal consideró que se trata de un asunto que ya fue expuesto públicamente y cuya atención corresponde a la autoridad ministerial.

“Fue un caso que se hizo público con el Presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo obtiene la pensión, pero ya la parte de la Fiscalía, pues yo se la dejaría a la Fiscalía para que en todo caso ellos o la propia Fiscal, o quien correspondiera, explicara por qué es la denuncia penal cuando se presentó y el citatorio que creo que hicieron”, dijo Sheinbaum en conferencia mañanera. 

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que el caso puede recordarse por la forma en que se otorgó la pensión, pero insistió en que no le corresponde opinar sobre la investigación en curso ni sobre posibles responsabilidades penales.

“La parte penal sí se la dejaría a la Fiscalía”, reiteró la Presidenta.

El pronunciamiento se dio luego de que una jueza federal canceló la audiencia en la que Casar iba a ser imputada por la presunta obtención irregular de una pensión vitalicia por viudez.

La Jueza de control Diana Selene Medina Hernández determinó que el caso debe ser atendido por un juzgador del Reclusorio Norte, debido a que previamente la FGR solicitó en ese centro la autorización para realizar actos de investigación, por lo que devolvió la solicitud de audiencia a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para que, en su caso, solicite una nueva fecha.

De acuerdo con el expediente, en 2024 se autorizaron actos de investigación como el ingreso a un inmueble sin orden judicial y la intervención de comunicaciones privadas para obtener información de un dispositivo electrónico, diligencias que ahora obligan a redefinir la competencia del juzgado que llevará el caso.