Una Corte en Estados Unidos emitió sentencia en un caso civil presentado por la UIF contra el exsecretario de Seguridad
Este jueves, la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, Florida, emitió una sentencia final en el caso civil presentado por el Estado Mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra.
La demanda, iniciada en septiembre de 2021, acusaba a la pareja de liderar una red de corrupción y lavado de dinero que involucró decenas de contratos ilegales durante el periodo en que García Luna fue funcionario del gobierno de Felipe Calderón.
La jueza Lisa Walsh determinó que Genaro García Luna deberá pagar al Gobierno de México la cantidad de 748,829,676 dólares (aproximadamente 15,711,420,093 pesos mexicanos) por concepto de reclamo, mientras que Linda Cristina Pereyra enfrentará una sanción de 1,740,025,540.20 dólares (aproximadamente 36,540,536,334 pesos mexicanos).
Estas cifras, que suman un total de más de 2,488 millones de dólares (aproximadamente 52,252 millones de pesos mexicanos), representan tres veces el monto original demandado, conforme a la legislación de Florida.
La sentencia se fundamenta en siete resoluciones previas de culpabilidad emitidas contra García Luna, su esposa y cinco empresas bajo su control, derivadas de su inasistencia al juicio.
Entre los avances concretos, destaca la ejecución de una resolución contra Delta Integrator LLC, una empresa propiedad de la pareja, que permitió la recuperación de 1,970,872.72 dólares (aproximadamente 41,379,326 pesos mexicanos) en activos líquidos y la transferencia de un bien inmueble valuado en 555,800 dólares (aproximadamente 11,671,800 pesos mexicanos).
Además, se recuperaron 275,000 dólares adicionales (aproximadamente 5,775,000 pesos mexicanos) tras el vencimiento de una hipoteca otorgada por la misma empresa a un tercero.
Los recursos líquidos ya han sido transferidos a la Tesorería de la Federación, mientras que el inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su futura venta.
A pesar de que no se han identificado más bienes bajo la titularidad directa de García Luna, Pereyra o sus empresas OGGI CAFFE LLC, GL & ASSOCIATES CONSULTING LLC y GLAC SECURITY, el Estado Mexicano procederá a ejecutar la sentencia contra cualquier activo que se localice en el futuro, incluyendo aquellos que puedan estar bajo propiedad simulada a través de testaferros.
El caso civil en Miami es independiente de la condena penal que García Luna recibió en octubre de 2024 en Nueva York, donde fue sentenciado a 38 años y ocho meses de prisión por sus vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.
