Sin una resolución de la autoridad ambiental, el expediente no fija parámetros jurídicos sobre los límites de este tipo de desarrollos en zonas con manglares, acuíferos y arrecifes.

Por eso la crítica plantea que la Semarnat cerró la coyuntura, pero no el problema de fondo. Se requiere una negativa sustentada en criterios técnicos y jurídicos, los cuales ya existen con los estudios que demuestran el daño ambiental para dejar constancia oficial sobre los impactos detectados.

Solo así podría quedarse este caso —que se volvió sumamente mediático— como un antecedente para futuras evaluaciones ambientales en la región y en otras zonas del país que pasan situaciones similares actualmente.

Es importante mencionar que el alcance que tuvo este caso es un logro para México. Si fue posible fue gracias a la presión pública, social y ambiental ejercida desde comunidades, organizaciones, especialistas y ciudadanía dentro y fuera del país, así lo señaló Greenpeace, quien se ha dedicado junto con otras organizaciones a denunciar los daños ambientales en México y el mundo.

“El debate ya no es únicamente sobre un parque acuático. La discusión de fondo es sobre los límites ecológicos de la península de Yucatán, la capacidad de carga del territorio y el modelo de desarrollo que se pretende imponer sobre ecosistemas estratégicos para enfrentar la crisis climática”, destacó Greenpeace.