Ambos fueron detenidos el 2 de septiembre en puntos distintos del Estado de México
Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron vinculados a proceso este miércoles 9 de septiembre por el multihomicidio cometido hace ocho días contra el tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar cercana a la familia identificada como Aleyda “N”.
La jueza de control que lleva el caso determinó también que ambos imputados permanezcan en prisión preventiva. Además, dictó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, menor a los seis meses que había solicitado el Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense, según reportes.
La resolución se dio a conocer tras la reanudación de la audiencia en los juzgados del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, luego de que la defensa solicitara el 6 de septiembre la duplicidad del término constitucional para analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Con esto, el caso entra en la etapa de investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar nuevas pruebas y solicitar diligencias adicionales antes de que el asunto avance hacia la etapa de juicio oral o un posible proceso abreviado.
Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” enfrentan formalmente los cargos de homicidio calificado cometido en agravio de 2 o más personas, interrupción del embarazo de una femenina con cuatro meses de gestación y por crueldad a los seres sintientes por la privación de la vida de un canino hembra.
De acuerdo con datos expuestos previamente por autoridades, Diego Sebastián “N” y Jonathan Meléndez sostenían una relación de socios en negocios.
La Fiscalía mexiquense identificó como pista central del caso una caja fría, dispositivo de almacenamiento de criptomonedas que mantiene las claves privadas desconectadas de internet. Diego Sebastián “N” habría ingresado al departamento de la familia Meléndez el día del crimen para localizar ese dispositivo, en el que el músico presuntamente guardaba acceso a una suma millonaria de dólares en criptoactivos.
La Fiscalía precisó que, de haber obtenido esos recursos, Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N”, su chofer, dos millones de pesos “por la ayuda” prestada durante el operativo criminal.
Según indagatorias, Diego Sebastián “N” instruyó a Gerardo “N” desde el 31 de agosto para conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, artículos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de los que suelen utilizarse para tatuar y cubrebocas. Estos insumos, junto con un rollo de cinta adhesiva industrial, coincidieron después con los elementos utilizados para maniatar a las víctimas y posteriormente asesinarlas.
Las autoridades revelaron que el pasado 1 de septiembre, ambos procesados ingresaron al Fraccionamiento Residencial Grand Viure a bordo de un vehículo de la marca KIA de color gris. El multihomicidio ocurrió en el departamento identificado como PH1 de la Torre 4, donde Diego Sebastián “N” habría utilizado una pistola con silenciador para disparar en la cabeza a las cinco víctimas: Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, su hija Sofía, Aleyda y la mascota de la familia, un golden retriever.
Las autoridades reconocieron que Diego Sebastián “N” sería el único de los dos procesados que ingresó al departamento para cometer el crimen, con base en cámaras de videovigilancia que lo captaron subiendo en el elevador.
El arma empleada en el ataque estaba provista de un silenciador que, según reconoció el propio Diego Sebastián “N” ante las autoridades, desensambló y arrojó a una barranca tras cometer el crimen.
Carlos Rodrigo Pichardo Moreno, socio de la firma Sabag Becker Gerrit-Cohen y especializado en derecho penal, es el litigante que representa a Diego Sebastián “N” y a Gerardo “N” desde el inicio del proceso. En declaraciones previas a la audiencia de este miércoles, el abogado había señalado en exclusiva al medio El País que existía la posibilidad de que dejara la defensa tras esta diligencia.
Durante la primera audiencia, Pichardo Moreno subrayó ante los medios que “no es lo mismo ser acusado que ser responsable” y exigió que el proceso se resolviera “con argumentos objetivos, que no sean los medios los que lo determinen, sino que sea el juez quien determine la verdad”.
En otros hechos, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reveló días antes que Diego Sebastián “N” cuenta con dos carpetas de investigación previas en la capital: una averiguación de 2007 por violencia familiar y otra por el delito de amenazas, presentada por una mujer de la tercera edad. La funcionaria precisó que ninguno de esos expedientes guarda relación directa con el multihomicidio de Atizapán de Zaragoza.
El delito de homicidio calificado contempla una pena de hasta 70 años de prisión por cada una de las cuatro víctimas, lo que podría derivar en una sentencia acumulada superior a los 280 años de cárcel para Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. A esa pena se sumarían de 5 a 10 años de prisión por el delito de interrupción del embarazo y de 3 a 6 años por maltrato y crueldad a los seres sintientes, derivado de la muerte del perro de la familia.
