Los gobernadores Manolo Jiménez, de Coahuila, y María Eugenia Campos, de Chihuahua, así como el secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, se oponen a la entrega de agua a Estados Unidos, establecida en un tratado de 1944, con el argumento de que se puede poner en riesgo el abasto del recurso para los habitantes de los municipios del norte del país.

Jiménez aseguró que en este momento lo más importante es que los mexicanos tengan agua; además, acusó la extracción extraordinaria del líquido en la presa La Amistad, localizada en el noroeste de Ciudad Acuña.

El mandatario reconoció que hay preocupación de que “esta operación de sacarle agua de más a la presa, de la que normalmente se extrae, ponga en riesgo el agua de los habitantes de Acuña y de Piedras Negras, porque esta agua la avientan al río (Bravo), y de ahí es de donde se abastece también a otros municipios”.

Explicó que ayer se puso en contacto con el secretario de Agricultura federal, Julio Berdegué, y que ya gestiona una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para establecer una ruta de solución. 

“Lo más importante es que la gente de Acuña y de Piedras (Negras), y que los municipios cercanos y los mexicanos tengamos líquido para el consumo humano”, consideró Jiménez. 

Por su parte, el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para ordenar la suspensión de las extracciones extraordinarias en la presa La Amistad.

Propuso, además, “la instalación urgente de una mesa interinstitucional en la que participen los tres órdenes de gobierno, expertos en el manejo del agua, productores, representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, con el fin de tomar decisiones sostenibles, equitativas y con visión de futuro”. 

En Tamaulipas —donde se encuentra la presa Falcón, el otro embalse del cual se debe entregar agua a Estados Unidos según el tratado de 1944—, el gobierno de Villarreal sostuvo que no es el momento de que Estados Unidos presione a México para entregarle este recurso. 

“No es momento de que se nos presione de esa manera, porque estamos por entrar a la temporada de huracanes, y lo que dice el Tratado es que si se llegan a llenar las presas con un fenómeno hidrometeorológico se cierra el ciclo, se acaba la deuda y comenzamos otro.  

A su vez, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, adelantó que su administración no entregará agua a Estados Unidos, porque se exige algo  imposible. 

“Nadie está obligado a lo imposible. Chihuahua es el único estado con extrema sequía del país. No podemos otorgarle agua a Estados Unidos cuando no tenemos agua”, afirmó la mandataria durante una rueda de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno. 

Campos subrayó que la prioridad de su administración es garantizar el acceso al agua para la población y el sector agrícola local, que actualmente enfrenta condiciones críticas. 

“No se pueden asumir compromisos internacionales cuando ni siquiera tenemos el recurso para nuestra gente”, sentenció. 

La postura de los gobernadores se toma luego de que el presidente estadunidense Donald Trump acusó a México de “robar agua” a los agricultores de Texas y afirmó que el país adeuda 1.3 millones de metros cúbico, amagando con sanciones y aranceles.

El Tratado de Aguas de 1944, firmado entre México y Estados Unidos, establece la forma en que ambas naciones deben compartir las aguas de los ríos Bravo y Colorado. 

En el caso del río Bravo, las aguas se dividen en tres partes, de las cuales a México le corresponden dos y a Estados Unidos, específicamente a Texas, la restante.

Ello implica que de manera quinquenal nuestro país debe enviar a territorio estadunidense dos mil 158 millones de metros cúbicos del recurso.