La propuesta pretende reunir a legisladores, especialistas en salud, empresarios y organizaciones civiles para discutir un mercado que opera sin un marco legal completo
La legalización de la marihuana en México podría volver a la agenda legislativa después de varios años sin avances en la construcción de una regulación integral. Fernando Cárcamo Díaz Rivera plantea reabrir la discusión desde su nueva posición como coordinador legislativo de la vicepresidencia del Senado de la República.
El planteamiento busca poner nuevamente sobre la mesa un tema que permanece pendiente desde 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de cannabis.
A pesar de ese pronunciamiento, el Congreso no ha concretado una legislación que establezca las condiciones para regular de manera integral su producción, comercialización y consumo.
Cárcamo considera que México necesita reglas claras para atender una actividad que existe en el país, pero que continúa desarrollándose en un escenario de incertidumbre jurídica. Desde su experiencia en la industria, sostiene que la falta de un marco normativo genera problemas tanto para los consumidores como para los pacientes y los emprendedores.
La incorporación de Fernando Cárcamo Díaz Rivera a la vicepresidencia del Senado como coordinador legislativo abre una nueva posibilidad para discutir la regulación del cannabis en México.
Su trayectoria empresarial está vinculada directamente con este sector. En 2015 fundó Paradise, una de las redes de tiendas de cannabis más visibles del país, por lo que conoce los desafíos que enfrenta una industria que ha operado durante años sin contar con una legislación integral.
A partir de esa experiencia, el empresario sostiene que la discusión no debería limitarse a permitir o prohibir el consumo, sino que tendría que considerar las condiciones legales para quienes participan en las distintas actividades relacionadas con el cannabis.
“Por eso no vengo a pedir un privilegio: vengo a pedir reglas para todos. Para quien produce, para quien consume y para quien hoy opera sin garantías”, expresó Cárcamo en declaracuiones a la prensa al referirse a la necesidad de establecer un marco regulatorio.
El empresario también señaló que la ausencia de reglas tiene consecuencias para distintos sectores de la población, entre ellos las personas que consumen cannabis, quienes lo utilizan con fines médicos y quienes buscan desarrollar actividades comerciales dentro de esta industria.
El antecedente más importante de esta discusión ocurrió el 28 de junio de 2021, cuando el Pleno de la SCJN resolvió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 y eliminó la prohibición absoluta del consumo recreativo de cannabis y THC contemplada en la Ley General de Salud.
La resolución representó un cambio en el marco jurídico mexicano, pues reconoció que las personas adultas pueden solicitar autorización sanitaria para realizar determinadas actividades relacionadas con el autoconsumo, entre ellas la adquisición de semillas, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de marihuana con fines recreativos.
Sin embargo, esta decisión no significó la legalización comercial de la sustancia ni abrió la posibilidad de venderla libremente en establecimientos. La propia Corte estableció que las autorizaciones no podían incluir actividades como importar, comerciar, suministrar o distribuir cannabis.
Además, el ejercicio del autoconsumo quedó sujeto a condiciones para proteger a terceros. Por ejemplo, no puede realizarse frente a menores de edad ni en espacios públicos donde haya personas que no hayan dado su consentimiento.
Por ello, aunque la resolución judicial eliminó la prohibición absoluta, todavía quedó pendiente establecer una legislación que defina las reglas generales para los distintos participantes de esta actividad económica y social.
Uno de los principales pendientes es construir un marco normativo que establezca las condiciones para la producción, comercialización, distribución y consumo del cannabis, así como los mecanismos de supervisión y protección a la salud pública.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reiteró en julio de 2026 que la resolución de la Suprema Corte se limita al autoconsumo lúdico y recreativo bajo los lineamientos correspondientes. La dependencia precisó que no reconoce un derecho general para comercializar, suministrar, enajenar o distribuir cannabis, actividades que continúan sujetas a la legislación vigente.
Esta distinción permite entender por qué la discusión legislativa continúa siendo relevante: el reconocimiento del autoconsumo no equivale a contar con un mercado regulado.
Para Fernando Cárcamo, quien también es cofundador de la empresa Paradise, la falta de certeza jurídica también afecta a quienes buscan desarrollar negocios relacionados con esta industria. Desde su experiencia como empresario, considera que México necesita dejar atrás la indefinición legal y establecer condiciones que permitan identificar las responsabilidades de productores, comerciantes y consumidores.
Al respecto, sostuvo que durante años el país ha ignorado la existencia de un mercado que genera empleos y del que dependen distintas familias.
“El no ya lo tenemos desde hace mucho. Lo que nos falta es atrevernos a preguntar: ¿Y si dejamos de administrar el miedo y empezamos a construir la ley que este país lleva años debiéndose?“, expresó.
Como siguiente paso, Cárcamo plantea organizar próximamente una mesa de diálogo en la que participen legisladores, especialistas en salud, representantes de la industria y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo será generar un espacio de intercambio para analizar los desafíos y las posibilidades de una regulación integral del cannabis en México.
Entre los asuntos que podrían abordarse se encuentran la salud pública, la seguridad, los derechos individuales y las oportunidades de desarrollo económico relacionadas con esta industria.
De acuerdo con la propuesta, el encuentro todavía no tiene fecha ni formato definidos, por lo que no existe un calendario legislativo confirmado para retomar el tema ni una iniciativa de regulación integral anunciada como resultado de esta convocatoria.
La intención, por ahora, es abrir nuevamente la conversación y reunir distintas perspectivas sobre una legislación que permanece pendiente desde el pronunciamiento de la Suprema Corte en 2021.
