Frenan presunto abuso de poder y delitos con la captura del morenista Diego Rivera Navarro y de tres funcionarios de alto rango
Ciudad de México.- La crisis de gobernanza en municipios de México suma un nuevo capítulo a su historia con la detención de Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, presuntamente vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La captura, parte del Operativo Enjambre, es parte de la lista de al menos seis presidentes municipales señalados o detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado durante la Administración de Claudia Sheinbaum.
Un ciclo de señalamientos durante 2025 colocó a su Administración bajo el escrutinio público por presuntos actos de extorsión contra empresarios locales.
En marzo de 2025, industriales del sector tequilero denunciaron cobros considerados desproporcionados por parte del Ayuntamiento.
El caso más visible fue el de Casa Cuervo, cuya representación legal presentó una denuncia penal contra Rivera y otros funcionarios municipales por extorsión y por violar un amparo federal, luego de que se intentara cobrar 19 millones de pesos por concepto de predial correspondiente a sólo cuatro meses de 2025.
A lo largo de su gestión, Rivera acumuló al menos cinco denuncias, incluida una de carácter federal por la intervención y modificaciones no autorizadas al Museo Nacional del Tequila, cerrado de manera irregular, de acuerdo con señalamientos del INAH y la FGR.
Otra de las detenciones que han formado parte de la llamada Operación Enjambre es el caso de Pedro Luis “N”, conocido como “Wicho”, señalado por delitos de extorsión y vínculos con La Familia Michoacana.
El exalcalde huyó minutos después de rendir protesta en Santo Tomás, Estado de México, cuando policías irrumpieron para detenerlo.
Meses después, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que fue localizado y detenido en Valle de Bravo.
Otro caso es el de María Elena 'n', exalcaldesa de Amanalco, detenida el 22 de noviembre de 2024 por su responsabilidad en el homicidio de un funcionario y de su escolta. Fue condenada a 70 años de prisión.
Además de las detenciones del Operativo Enjambre, otros casos se suman a las acusaciones y arrestos como es el caso del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, José “N”, detenido en 2025 por la FGR por su implicación en el caso del Rancho Izaguirre, identificado como un campo de entrenamiento del CJNG.
Y fuera de Jalisco, en diciembre de 2024, se le acusó a Anabel Ávila, Alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, de reconocer públicamente a Nemesio Oseguera, “El Mencho”.
El vocero nacional del CEN del PAN, Jorge Triana Tena, comentó que el caso del Alcalde morenista de Tequila, es una fiel prueba de cómo operan los “narcopolíticos”.
En el operativo coordinado por la Sedena, Semar, FGR, SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia, también fueron capturados tres funcionarios municipales clave: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas, señalados por formar parte de una red de extorsión dentro del Ayuntamiento.
Las investigaciones federales derivaron de múltiples denuncias ciudadanas de empresarios y comerciantes que acusaron cobros indebidos, presiones fiscales y desvío de recursos públicos, particularmente contra industrias del tequila, hoteles y negocios locales.
Uno de los casos más visibles fue el intento de cobrar 19 millones de pesos a Casa Cuervo por predial de sólo cuatro meses, además de clausuras irregulares de instalaciones.
Refuerzan seguridad
Tras la detención, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el envío de policías estatales y el análisis para intervenir la Comisaría Municipal de Tequila.
Asimismo, se informó que se convoca al Ayuntamiento para nombrar a un Presidente Municipal interino, con el objetivo de garantizar gobernabilidad y seguridad en el municipio.
‘No protegemos a nadie’
La captura desató una ola de reacciones políticas y empresariales, como en el partido Morena, sin mencionar la detención del Alcalde morenista, cuya dirigencia celebró que ayer las instituciones combatieran la corrupción sin importar colores partidistas.
En sólo dos párrafos, con el título “Morena no encubre ni protege a nadie”, el partido dirigido por Luisa María Alcalde emitió un comunicado en el que indicó que la política anticorrupción debe aplicarse sin privilegios.
PAN, PRI y MC acusaron infiltración criminal en el partido guinda; y organismos empresariales celebraron el operativo como un paso para restablecer el Estado de Derecho en una de las regiones económicas más importantes de Jalisco.
Lo trasladan al ‘Altiplano’’
Autoridades relacionan al alcalde Diego Rivera Navarro con una célula del CJNG al investigar si las extorsiones a empresarios y comerciantes del municipio beneficiaban a ese grupo criminal y si desde el Ayuntamiento se desviaban recursos públicos, además de que en 2025 fue citado por la Fiscalía de Jalisco tras un concierto donde se proyectaron imágenes de “El Mencho”, líder del cártel.
Tras su detención, Rivera fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en el Edomex, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.
Avanzar contra políticos presuntamente coludidos con el crimen podría debilitar al partido en el poder rumbo a las elecciones intermedias, advierte un artículo de opinión que aparece este jueves en The New York Times.
Mary Beth Sheridan, autora del texto, documenta que la colusión entre autoridades y grupos criminales en México tiene raíces históricas. Cita al historiador Benjamin T. Smith para señalar que, durante décadas, Gobiernos locales y estatales protegieron a traficantes a cambio de sobornos, práctica que no desapareció con la transición democrática ni con la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006.
En ese contexto, apunta que los cárteles actuales operan más como poderes territoriales que como organizaciones centralizadas, con vínculos estrechos con Alcaldes y Gobernadores, incluidos algunos de Morena.
Como ejemplo, la autora expone el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien —según documentos de inteligencia militar— habría colaborado con un grupo criminal mientras ocupaba el cargo. Bermúdez fue nombrado por el entonces Gobernador Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena, quien ha negado conocer las presuntas actividades ilícitas de su ex colaborador.
Sheridan señala que estas afirmaciones han generado escepticismo incluso dentro del propio partido.
La autora afirma que Sheinbaum puede no temer personalmente a los cárteles, pero sí a las consecuencias de enfrentar un sistema de colusión profundamente arraigado.
“Con Trump presionando desde el exterior”, escribe Sheridan, la Presidenta mexicana se encuentra atrapada entre “una superpotencia que exige una cruzada” y un sistema político que, hasta ahora, ha sobrevivido sin romper con el statu quo.
