Como parte de su argumentación, recordó otros casos en los que, dijo, tampoco se solicitó la separación del cargo de mandatarios estatales pese a investigaciones en curso, por lo que consideró que debe mantenerse el mismo criterio.
La polémica comenzó el 21 de junio con la publicación del primer audio atribuido a Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el que conversa con personas que se presentaban como presuntos intermediarios de agencias estadounidenses para abordar la cancelación de su visa y posibles procedimientos legales.
El 13 de julio se difundió una segunda grabación, en la que los interlocutores mencionan una posible extradición y eventuales sanciones por parte de autoridades de Estados Unidos.
En ese intercambio, la gobernadora manifiesta su disposición a colaborar y compartir información relacionada con las mesas de seguridad, afirmando que podría comunicar lo que conociera dentro de esos espacios de coordinación institucional.
- En mayo de 2025, Estados Unidos revocó la visa de Carlos Torres Torres, entonces esposo de la gobernadora.
- Días después también fue cancelada la visa de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
- La mandataria reconoció que la voz de los audios corresponde a ella.
- Señaló que las personas con quienes habló nunca acreditaron oficialmente representar a agencias estadounidenses.
- El PAN pidió que solicite licencia mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Tras la difusión del segundo audio, el Gobierno de Baja California emitió un posicionamiento en el que la gobernadora aseguró que las grabaciones corresponden a fragmentos aislados de una conversación privada con personas que afirmaban ser agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin presentar documentación que acreditara dicha representación.
Ávila Olmeda explicó que las referencias realizadas durante la conversación sobre temas de seguridad forman parte de la coordinación institucional que existe entre autoridades mexicanas y estadounidenses debido a la condición fronteriza del estado.
Asimismo, rechazó que existieran acuerdos irregulares con autoridades extranjeras y reiteró que toda cooperación se realiza mediante los canales oficiales y dentro del marco legal. La mandataria aseguró mantenerse tranquila y afirmó que atenderá cualquier requerimiento formal que emitan las autoridades competentes.
La difusión del segundo audio intensificó las críticas de la oposición. El Partido Acción Nacional solicitó que Marina del Pilar pida licencia mientras se esclarecen los hechos y sostuvo que el caso trasciende el ámbito político al involucrar posibles implicaciones para la seguridad nacional.
El PAN también demandó una investigación transparente sobre el contenido de las grabaciones y cuestionó las diferencias entre las declaraciones públicas de la gobernadora y algunos pasajes revelados en los audios.
Mientras tanto, Marina del Pilar mantiene su rechazo a las interpretaciones derivadas de las grabaciones y asegura que continuará al frente de su administración, al tiempo que Ricardo Monreal insiste en que el foco principal debe centrarse en investigar la presunta obtención ilegal de las conversaciones y sancionar, en su caso, cualquier acto de espionaje.
