La fiscalía detalló un esquema de subdeclaración aduanera en México y rechaza que la vinculación a proceso del acusado tenga origen en motivaciones políticas
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó este lunes que la vinculación a proceso de Ernesto “N” responda a motivaciones políticas, y presentó el rastro corporativo que lo une a la mayor red de contrabando de hidrocarburos por ferrocarril documentada en México.
Según la fiscalía, el imputado participó de forma activa y documentada en la conducción de una empresa importadora que operó un esquema de subdeclaración aduanera durante años, con un daño estimado al erario de más de 4 mil millones de pesos.
La FGR descarto cualquier sesgo en la investigación, afirmando mediante un escrito compartido en redes que “fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”.
La institución también aclaró el fundamento constitucional de la prisión preventiva. De acuerdo con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, lo que impide a los imputados continuar su proceso en libertad, independientemente de su perfil o vínculos.
“Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”, precisó el texto oficial.
La FGR reiteró que las investigaciones se apegan a derecho, sin sesgo de ninguna índole, y que en todo momento se respetan el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de los imputados.
La investigación reconstruyó paso a paso la trayectoria de Ernesto “N” dentro de la estructura empresarial. La empresa importadora fue constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México por José “N” y dos personas morales.
Dos meses después, en octubre de 2018, Ernesto “N” se incorporó al capital variable de la sociedad durante una asamblea. Desde ese momento, su presencia dentro de la organización fue en aumento.
Para 2021, ya figuraba como accionista y fue designado Secretario del Consejo de Administración. En ese rol, participó junto con José “N” en la conducción, la representación legal y la toma de decisiones estratégicas de la empresa.
La FGR documentó, además, que ambos comparecieron de manera conjunta en diversos actos corporativos: modificaciones societarias, otorgamiento de poderes y gestiones directamente relacionadas con actividades de administración, comercio exterior, y trámites ante autoridades fiscales y aduaneras.
La evolución del objeto social de la empresa resultó uno de los elementos más relevantes para la investigación. Con el paso del tiempo, la sociedad amplió sus actividades para incluir el almacenamiento, la importación, la exportación, el transporte y el manejo de hidrocarburos.
A eso se sumó la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético, capacidades que le permitieron articular una red logística de alcance interestatal con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades federativas.
El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa fue la vía que permitió a la FGR trazar ese mapa y ubicar a los responsables de su operación.
El modus operandi de la red se sostuvo en una subdeclaración sistemática: los pedimentos registraban aproximadamente 10 mil litros por ferrotanque, cuando cada unidad transportaba hasta 110 mil litros de gasolina o diésel.
La investigación se originó con el hallazgo de 33 ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyas condiciones representaban un riesgo para la población por las altas temperaturas y el desconocimiento sobre su contenido. A partir de ese punto, la pesquisa se extendió a San Luis Potosí y Nuevo Laredo, donde se identificaron unidades con las mismas características.
El cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció la reiteración de más de 4 mil 238 operaciones irregulares durante el primer semestre de 2025. Ese volumen proyecta un daño patrimonial que podría superar los 4 mil millones de pesos, cifra que la FGR acreditará en la investigación complementaria.
El daño formalmente imputado hasta ahora asciende a más de 106.8 millones de pesos por concepto de IEPS e IVA, derivado del contrabando documentado en los 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025.
Para sostener la vinculación a proceso, la FGR integró 96 datos de prueba a lo largo de la investigación. Los dictámenes periciales abarcan cinco líneas de análisis: química, para determinar la naturaleza de los hidrocarburos asegurados; ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes transportados; fotografía forense, para documentar los hallazgos; criminalística, para la fijación y correlación de indicios; e identificación de hidrocarburos, para precisar si el producto era gasolina o diésel.
La fiscalía describió el proceso como una investigación “progresiva, técnica y de largo aliento”, sustentada en trabajo de campo, inteligencia financiera, revisión documental y coordinación interinstitucional.
