Ciudad de México.- Un tribunal federal ha ordenado reactivar el proceso contra Juan Collado por una presunta defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) en el 2015.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México instruyó al Juez de control responsable del caso continuar con el proceso penal y convocar a una nueva audiencia para debatir las medidas cautelares que deberán imponerle.

Al abogado del ex Presidente Enrique Peña Nieto originalmente le iniciaron cuatro procesos desde 2019, pero a partir de 2024 logró ganarlos todos en primera instancia y luego dos de ellos consiguió cancelarlos en forma definitiva.

Este fallo del colegiado es el primero en revivir uno de los procesos en su contra.

No obstante, Collado presentó un amparo y, en consecuencia, un tribunal le concedió una suspensión que impide por ahora hacer efectivo su procesamiento y obligarlo a comparecer ante el Juez de control para que le dicten las condiciones bajo las que deberá someterse al procedimiento.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal resolverá el amparo de Collado y, una vez que dicte sentencia, la parte inconforme tendrá la posibilidad de impugnarla ante un tribunal colegiado de circuito, el cual tendrá la última palabra.

La imputación contra Collado señala que en 2015 supuestamente declaró ingresos por 74 millones 869 mil 347 pesos, pero Hacienda determinó que en realidad el monto fue de 182 millones 827 mil 782 pesos.

Es por ello que el cálculo del impuesto sobre la renta (ISR) aparentemente defraudado es de 36 millones 786 mil 881 pesos, sin contar multas, recargos y actualizaciones.

El delito presumiblemente lo habría cometido al presentar la declaración complementaria de modificación, el 30 de junio de 2017.

El 11 de abril de 2024, el Juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, canceló el proceso y la investigación de fraude fiscal a Collado.

Su argumento fue que la imputación derivaba de una querella basada en una opinión contable de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y no en un dictamen técnico contable del Servicio de Administración Tributaria (SAT), conforme a jurisprudencias de la Corte.

La FGR impugnó el fallo y consiguió que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación revocara esta determinación.