México registró 455 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos en la última década, apenas el segundo país por debajo de Brasil a nivel global
Ciudad de México.– México se ha convertido en uno de los países más peligrosos en el mundo para las personas defensoras de derechos humanos, registrando cientos de ataques en la última década, que va de enero de 2015 a diciembre de 2024, solamente por detrás de Brasil. El país sufre sobre todo ante la presión de industrias como la minería, los combustibles fósiles y una falta de protección real de las autoridades, concluye un informe publicado esta semana.
El reporte "Defendiendo los derechos y construyendo economías justas: personas defensoras de los derechos humanos y empresas", del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), concluye que Latinoamérica y el Caribe, así como Asia y el Pacífico, han sido sistemáticamente las regiones más peligrosas para las personas DDH, lo que ha generado preocupación sobre el daño corporativo que representa cerca de tres de cada cuatro (71 por ciento) ataques en la última década.
En América Latina, la mayoría de los ataques se concentran en seis países que representan el 35 por ciento de todos los ataques a nivel mundial, revela. Los países con mayores agresiones registradas ahí son de Brasil (473), México (455), Honduras (418), Colombia (331), Perú (299) y Guatemala (256).
"Algo importante es que el rastreo de información es lo que encontramos públicamente, en medios, organizaciones civiles e internacionales y quienes se dedican a recopilar esta información, por eso nuestros datos, por más que sean alarmantes, son apenas la punta del iceberg, sabemos que hay muchos casos que no son reportados", explica en entrevista con Noticias a las Dos Lady Nancy Zuluaga, autora principal del informe.
"En México son más de 450 casos, no son 450 personas, con casos donde pueden involucradas un número plural de personas, incluso comunidades enteras. Son incidentes, que en algunos contextos involucran a un número amplio de personas. Y sí, el sector de la minería se vincula mucho, pero hay otros como los combustibles fósiles, la tala de madera y el sector de la construcción", explica.
El reporte del CIEDH revela que el sector minero es el más peligroso para los activistas de DDHH en México. Durante la última década, una cuarta parte de los ataques fueron contra personas defensoras, "lo que genera gran preocupación en la minería". El 40 por ciento de esos ataques fueron asesinatos.
En las montañas costeras de Michoacán existe una fuerte resistencia de los Pueblos Indígenas a la minería, en medio de un ambiente generalizado de violencia. Los Pueblos Indígenas están defendiendo sus territorios contra los intereses privados y el crimen organizado, enfrentándose a la criminalización, la persecución, la agresión y los asesinatos, ahonda el reporte.
"Importante de resaltar es que además del acoso judicial como una de las formas de ataque más frecuente en el mundo y también en México, vemos que los asesinatos son una de las formas más frecuentes en este caso específico. Un alto porcentaje de estas agresiones han estado vinculadas con personas que visibilizan impactos al medio ambiente, defienden sus territorios para que no sean contaminados, buscan que sus comunidades sean consultadas frente a la instalación de diferentes proyectos", detalló la investigadora.
En el caso mexicano, Zuluaga destaca que "hay un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y de periodistas", uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene este tipo de legislación, "pero ese mecanismo en la práctica no está funcionando en la manera que debería ser, y la organización civil presiona fuertemente para que sea dotado de recursos económicos y humanos para que sea eficaz en la protección que se propone", alerta.
"Otro aspecto importante cuando se hablan de las causas estructurales es que hay una captura corporativa muy fuerte en nuestra región, también en México, donde justamente se busca que las autoridades que tienen el poder de actuar están coptadas por intereses económicos, de sectores empresariales, o hay una mezcla de diferentes actores donde confluyen autoridades estatales, corrupción y empresas, sino también el crimen organizado en general. Es necesario identificar si hay leyes que permiten que muchas de estas agresiones se materialicen, o en México, llevar a que los mecanismos existentes operen de la manera en que deberían operar", concluyó.
Con información de SinEmbargoMx
