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Queda a deber política social; disminuye pobreza, persisten carencias

Crecen brecha económica casi abismal entre los estados del norte y del sur

Crecen brecha económica casi abismal entre los estados del norte y del sur
| Hay más mexicanos en situación de verse vulnerado al menos en uno de sus derechos.
Agencia Reforma
ZOCALO | MONCLOVA
08-23-2025
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Ciudad de México.- Mientras la proporción de la población nacional en situación de pobreza registró una disminución durante la pasada Administración federal, empujada principalmente por la mejora del ingreso laboral, la de quienes padecen al menos una carencia social aumentó.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó esta semana los resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024, que realizó en sustitución del desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con los mismos, la proporción de mexicanos en situación de pobreza disminuyó de 41.9% en 2018 a 29.6% en 2024, y en el caso de la pobreza extrema de 7% a 5.3%, reportó el Inegi.

El número total de personas en pobreza pasó así de 51.9 millones en 2018 a 38.5 millones en 2024. En el caso de la pobreza extrema, la cifra bajó de 9.1 millones en 2022 a 7 millones en 2024.

Para la medición, el Inegi utilizó la misma metodología que desarrolló el Coneval –garantizando la comparabilidad de la información– que se basa en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) que se levantó entre agosto y noviembre del año pasado, y considera dos grandes dimensiones: el bienestar económico y el cumplimiento de derechos sociales.

La condición de pobreza de una persona la determina así el no contar con ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias y enfrentar al menos una carencia social de seis consideradas.

En tanto, el umbral de la pobreza extrema lo fija un ingreso por debajo del costo de la canasta alimentaria y tres o más carencias sociales.

En la presentación de los resultados, el Inegi indicó que la proporción de la población con percepciones inferiores a la línea de pobreza por ingreso –fijada por el costo de las canastas alimentaria y no alimentaria– disminuyó de 49.9% en 2018 a 35.4% en 2024.

La de aquellos por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos –costo de la canasta alimentaria– pasó de 14% a 9.3 por ciento.

Los resultados indican que, tanto para los deciles más pobres como para los ricos, las remuneraciones por trabajo subordinado son la principal fuente de ingreso. Representan, en promedio, 65% del ingreso monetario corriente total, por 17% de las transferencias monetarias.

La contribución porcentual importante en la recuperación del ingreso de los mexicanos proviene del trabajo”, subrayó Claudia Maldonado, titular de la nueva Coordinación de Medición de la Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del Inegi, en la presentación de los resultados de la medición el miércoles.

La tendencia en el indicador no cambia, señaló, si, en un ejercicio estadístico, se eliminan las transferencias de programas sociales.

De hecho, conforme al ejercicio, entre 2022 y 2024 la pobreza disminuyó en 6.7 puntos porcentuales con transferencias de programas sociales y hubiera disminuido 6.2 puntos sin esas transferencias.

En un análisis de los resultados de la medición, la red de organizaciones civiles Acción Ciudadana frente a la Pobreza (ACP) sostuvo que la reducción del número de personas en esa situación entre 2018 y 2024 proviene casi en su totalidad de la dimensión económica.

La baja en la pobreza es resultado del incremento del ingreso”, indicó. “A su vez, la mejora del ingreso proviene sobre todo del aumento de los ingresos por trabajo. El trabajo (subordinado e independiente) aporta 75 de cada 100 pesos del ingreso monetario de los hogares en 2024 y sumado a las pensiones, que son producto del trabajo del pasado y aportan otros 9 pesos, representan 84 de cada 100 pesos”.

 

Vulnerabilidad 

El componente de derechos sociales de la Medición de la Pobreza Multidimensional incluye la evaluación de seis carencias: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva de calidad.

La población con al menos una de esas carencias disminuyó de 84.6 millones en 2018 a 80.4 millones en 2024.

Sin embargo la población con tres carencias o más aumentó de 25 a 27 millones.

Por otra parte, la población vulnerable por carencias sociales –aquella con percepciones superiores a la línea de pobreza por ingreso, pero con alguna carencia social– aumentó de 32.7 millones a 41.9 millones.

El año pasado, 48.2% de la población carecía de acceso a la seguridad social, 5.3 puntos menos que en 2018; 34.2% de acceso a servicios de salud, 18 puntos más, y 18.6% registraba rezago educativo, 0.4 puntos menos.

En tanto, 14.4% carecía de acceso a a la alimentación nutritiva y de calidad, menos 7.8 puntos respecto a 2018; 14.1% de acceso a servicios básicos en la vivienda, 5.5 puntos menos, y 7.9% de espacio y calidad de la vivienda, 3.1 puntos menos.

Con independencia de la recuperación del ingreso, advirtió Maldonado, hay más mexicanos en situación de ver vulnerado al menos uno de sus derechos.

Hay además, señaló, una permanencia de la estructura de las carencias.

Aquellas carencias que tienen una mayor prevalencia en la población mexicana siguen siendo las mismas que en el pasado”, apuntó.

ACP consideró, por su parte, en la dimensión social de la medición de la pobreza no hay mejoras sustantivas.

La política social queda a deber”, señaló. “Los datos de la medición de la pobreza 2024 muestran la urgencia de corregir a fondo las políticas gubernamentales. En la dimensión económica, el resultado positivo proviene de la acción de todos los actores, en contraste, los programas de transferencias y las carencias que dependen principal y directamente de la acción gubernamental tienen un desempeño muy limitado o de plano negativo”.

 

Desigualdad

Mientras en Chiapas casi siete de cada 10 habitantes se encontraba en situación de pobreza en 2024, en Baja California la proporción era de menos de una por cada 10.

En prácticamente todos los indicadores considerados en la Medición de la Pobreza Multidimensional se registran brechas similares, y la distancia apenas se redujo respecto a ocho años antes.

Al desagregar la información de la medición por entidades, indicó, se pueden observar “tremendos contrastes”.

Aunque Chiapas, Guerrero y Oaxaca registraron reducciones de la pobreza superiores al promedio nacional, se mantuvieron en los primeros lugares en la materia entre 2016 y 2024. El año pasado más de la mitad de su población se encontraba en situación de pobreza.

En Chiapas se registró una prevalencia de pobreza de 66%, 11.7 puntos menos que en 2016, pero más del doble que el promedio nacional.

En Guerrero y Oaxaca la proporción de la población en situación de pobreza se ubicó el año pasado en 58.1% y 51.6%, respectivamente, con disminuciones de 8.7 y 16.4 puntos respecto a 2016.

En el otro extremo, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León se han mantenido como las entidades con menor pobreza.

Baja California desplazó el año pasado a Baja California Sur en el primer lugar al registrar sólo 9.9% de su población en situación de pobreza, 12.7 puntos menos que en 2016.

Baja California Sur y Nuevo León registraron 10.2% y 10.6% de población en pobreza, con reducciones de 12.7 y 8.2 puntos respecto a 2016.

En la dimensión de derechos sociales de la medición de la pobreza, Chiapas registró la mayor incidencia en 4 de las 6 carencias consideradas: rezago educativo, accesos a servicios de salud, acceso a seguridad social y servicios básicos en la vivienda.

La mayor incidencia de la carencia de calidad y espacios de la vivienda correspondió a Guerrero y la de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad a Tabasco.

En tanto las menores incidencias de carencias de acceso a servicios de salud y servicios básicos en la vivienda se registraron en Nuevo León, las de acceso a seguridad social y calidad y espacios de la vivienda en Coahuila, la de rezago educativo en Ciudad de México y la de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en Jalisco

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