Ciudad de México.- La descalificación del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), que expuso que los casos en México alcanzan niveles de crímenes de lesa humanidad, no sólo da continuidad a la práctica de gobiernos anteriores de rechazar informes sobre la situación de derechos humanos elaborados por organismos internacionales, sino que en esta ocasión la Cuarta Transformación aludió a un presunto “conspiracionismo” contra México.

En el comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores en el que se calificó el reporte como “tendencioso, parcial y sesgado”, se agregó que detrás de la resolución estuvo “agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes”.

Sin mencionar el nombre del especialista al que se hace referencia, el comunicado aseguró que “existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano”.

Por la respuesta del Estado mexicano al CED, que hace énfasis en los informes presentados por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre desapariciones forzadas ocurridas en Coahuila, Jalisco, Nayarit y Veracruz, mismos que son analizados por la Corte Penal Internacional (CPI), el experto al que podría referirse el gobierno mexicano es Olivier de Frouville, quien ocupó la presidencia de esa área en abril del año pasado, cuando se anunció la determinación de aplicar el artículo 34 en el caso de México, con miras a someterlo a la Asamblea General de la ONU como finalmente ocurrió.

Originario de Francia, De Frouville fue representante de la FIDH “en las negociaciones de la “Declaración sobre los defensores de derechos humanos” (1995-1998) y en el Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2003-2006).

Con una trayectoria de más de 25 años dentro del sistema de derechos humanos de la ONU, el experto concluyó su asesoría legal a la FIDH precisamente en 2006, año en que la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención Internacional, ratificada por México en 2008, instrumento que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.

Después de colaborar en la redacción de la Convención Internacional que dio lugar al nacimiento del CED, De Frouville se dedicó a la academia, alternando como experto independiente en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2008-2014), el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2015-2018) y en 2019 fue elegido miembro del CED para dos mandatos, de cuatro años cada uno.

En 2023 De Frouville fue elegido presidente del CED, cargo del que fue relevado por el ecuatoriano Juan Albán Alencastro, a quien le correspondió anunciar la decisión del Comité de elevar el caso de México en la Asamblea General de la ONU.

Llamado para México

La reacción el Estado mexicano ha sido duramente criticada por organizaciones civiles como el Centro de Análisis e Investigación Fundar, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Data Cívica, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Justicia Pro Persona, y el departamento de Incidencia de la Universidad Iberoamericana.

En un pronunciamiento conjunto consideraron que “denostar al mensajero para evadir el mensaje es una práctica de México en su aspiración democrática, que no debería tomar”, ya que la soberanía “se ejerce cumpliendo los tratados, no desacreditando las recomendaciones de los organismos de los cuales México es parte voluntaria”.

Apuntaron que “el rechazo del Estado a la observación sobre la desaparición de agentes oficiales en las desapariciones ignora la documentación de miles de familias, colectivos, academia y organizaciones de la sociedad civil”.

Las organizaciones firmantes advierten que “mientras la cifra de desaparecidos continúa en aumento y la impunidad en dichos casos supere 99%, cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente”.

Denuncian que el Estado mexicano “ha fallado en la implementación de herramientas básicas, como el Banco Nacional de Datos Forenses” y ha acumulado en instituciones forenses “más de 83 mil cuerpos y restos sin identificar”, lo que prueba que las instituciones están colapsadas por la dimensión de la crisis.

Calificar de ‘falto de rigor’ el diagnóstico del CED frente a esta tragedia es una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al esfuerzo de las familias que buscan con sus propias manos -expusieron las organizaciones firmantes.

Ante la respuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las organizaciones hicieron un “llamado enérgico” para que “abandone la actitud defensiva y reconozca la magnitud de la crisis que el CED ha elevado a la Asamblea General de la ONU”; que acepte la asistencia internacional propuesta, “reconociendo que las capacidades nacionales han sido superadas”; y que dialogue con las familias, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos “para generar estrategias y construcción de propuestas” para atender la crisis de desapariciones.

“La disputa por el diagnóstico sólo prolonga la impunidad y la agonía de las familias. El estado debe entender que la opinión del CED no es un ataque, sino una oportunidad para atender una de las crisis humanitarias más dolorosas de nuestra historia reciente”, puntualizaron las organizaciones civiles.