La diputada local del PRI, Gabriela Govea, y el Colegio de Otorrinolaringólogos de Nuevo León presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con dos a seis años de prisión a los directores o administradores de los centros médicos que autoricen procedimientos médico-quirúrgicos realizados por personal sin estar certificados.

En conferencia de prensa, la también presidenta de la Comisión de Salud propuso ampliar el delito de usurpación de funciones para sancionar a quienes practiquen procedimientos médico-quirúrgicos sin contar con un certificado vigente de especialista.

“Nosotros estamos pidiendo que se aumente hasta más de seis años de cárcel a estos establecimientos que autorizan procedimientos médico-quirúrgicos realizados por personal sin los requisitos establecidos en la Ley General de Salud.

“En el Código Penal no se encontraba ninguna sanción contra el establecimiento como tal, al que permite que se realice este tipo de cirugías. Entonces es importante no quitarlos del radar a los establecimientos, a los médicos que se ostentan como especialistas y que no tienen una certificación vigente”, agregó.

Aseguró que ha proliferado la modalidad de las llamadas “tandas”, que son esquemas de financiamiento informal que ofrecen procedimientos quirúrgicos a bajo costo sin garantías de seguridad ni calidad médica.

“Por tal motivo estoy pidiendo que se impongan sanciones a las personas que reciban dinero de terceros para ofrecer procedimientos estéticos a cargo de médicos sin la debida certificación”, apuntó.

La iniciativa de reforma contempla modificar la fracción II y III del artículo 229, la fracción II del artículo 255 y la fracción XIII y XIV del artículo 386; y adiciona la fracción IV al artículo 229 y la fracción XV al artículo 386, todos al Código Penal Estatal.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) ha documentado que más del 52% de las cirugías plásticas y estéticas en México son realizadas por personal que no cuenta con la especialidad correspondiente, lo que representa un grave riesgo para los pacientes.

“El Grupo Legislativo del PRI reafirma su compromiso con la salud y la seguridad de las y los nuevoleoneses, cerrando el paso a prácticas irresponsables que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía”, afirmó.

Rafael Moreno, presidente del Colegio, dijo que esta reforma ayudaría a combatir las clínicas clandestinas y a prevenir accidentes.

“Lo que se busca es dar una certeza jurídica a los pacientes, aquí son los principales afectados, se exhorta a la población a que siempre verifiquen que sus médicos sean médicos certificados que tengan las cédulas correspondientes, que pertenezcan algún consejo.

“A que no se operen nada más con cualquier especialista, cualquier cosa igualmente ciertas especialidades comparten algunos campos, pero de pronto vemos especialistas que están haciendo una cosa completamente diferente a lo suyo en partes del cuerpo diferentes, buscamos proteger”, finalizó.