Empleadores en Coahuila presentan dudas sobre la implementación de la “Ley Silla” que será obligatoria para diciembre.
Saltillo, Coah.- A casi cuatro meses de la entrada en vigor de la “Ley Silla” en territorio nacional, empleadores en Coahuila presentan dudas sobre la implementación que será obligatoria para diciembre, cuando la autoridad podrá sancionar a quienes incumplan con esta normativa.
Lo anterior de acuerdo con Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo en la entidad, quien adelantó que este tema, así como las nuevas regulaciones, serán temas en capacitaciones especiales de los Viernes Informativos, que acercarán a empleadores para su cumplimiento en tiempo y forma.
La conocida como Ley Silla, que entró en vigor desde el pasado 17 de junio, es una de las más recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo y obliga a los empleadores a permitir y disponer de los medios para que sus trabajadores que laboran de pie, puedan tener descansos periódicos.
De acuerdo con la funcionaria, primero es la implementación de la ley, luego la vigilancia y posteriormente las sanciones tras el periodo correspondiente, mientras tanto, desarrollan estrategias para que las empresas tengan la información clara y completa.
Entre las principales dudas de los empleadores, figuran el tipo de sillas deben tener, sus características ergonómicas, cada cuánto tiempo será usadas y las sanciones, entre otras.
Cabe recordar que el objetivo principal de esta ley es prevenir afectaciones a la salud como várices, problemas circulatorios, fatiga muscular o lesiones articulares, problemas comunes en jornadas de larga duración sin descanso.
La reforma no especifica el tiempo que un trabajador debe descansar, sólo que se le debe permitir el uso de la silla. Esta ley aplica para todas las empresas donde el trabajador realice actividades de pie en cualquier entorno en donde existan lapsos inactivos.
Una vez que se cumpla el plazo, las empresas que incumplan serán amonestadas y sancionadas respectivamente. Las denuncias podrán ser presentadas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación. Las sanciones económicas van de 250 a 2 mil 500 Uma.