Nuevo León.- Al defenderse dentro del juicio político que abrió en su contra la Comisión Anticorrupción del Congreso local, el Gobernador Samuel García dijo que no existe alguna triangulación irregular de recursos del erario estatal en su beneficio y de su familia, sino que los proveedores pueden contratar con esos recursos cualquier despacho, incluido el de él.

El emecista alegó que una vez que el Gobierno del Estado paga a las empresas que le prestan un servicio, el dinero público se convierte en privado y los proveedores pueden usar los recursos en lo que quieran, incluida la contratación de los despachos jurídicos propiedad del Gobernador.

De acuerdo con la versión hecha pública ayer del escrito, que García remitió a la Comisión el martes y que consta de 254 páginas, el Mandatario califica como “infundada y temeraria” la denuncia en su contra impulsada por Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, y que dio inicio al juicio político el pasado 12 de junio.

“Una vez que el Estado paga a un proveedor privado por bienes o servicios efectivamente recibidos”, afirma el Gobernador en el documento, “esos recursos pierden su carácter público y se convierten en patrimonio privado del proveedor, quien adquiere la propiedad plena de esos recursos y puede disponer de ellos libremente, incluyendo, pagar honorarios a sus abogados o consultores”.

“En el momento en que los recursos llegan a los despachos, ya no son ‘dinero público’”, señala.

“En todo caso, son recursos de proveedores privados que, en el ejercicio de su libertad, pueden disponer de su patrimonio, como les plazca, incluida la contratación de servicios legales”.

“Si un proveedor privado, después de recibir el pago legítimo del Estado, decide contratar servicios legales con un despacho propiedad de un Gobernador, eso no constituye, por sÌ mismo, ninguna irregularidad, dado que está disponiendo de su patrimonio privado”, agrega.

REFORMA publicó en marzo del 2024 que Suministro MYR, uno de los principales proveedores del Gobierno estatal, trianguló por medio de su filial Proveedor de Productos Mexicanos Jace cientos de millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, del Gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

En mayo de este año, REFORMA mostró estados de cuenta que demuestran que en tan sólo dos horas salieron millones de pesos del Gobierno estatal, pasaron por JACE y terminaron en la Firma Jurídica, misma que es utilizada para financiar la promoción del Gobernador en redes.

Ayer, la Diputada local priista Armida Serrato, presidenta de la Comisión Anticorrupción, consideró que el escrito del Gobernador representa una admisión de las triangulaciones de recursos públicos y recordó que en el caso de Reforestación Extrema, también revelado por REFORMA, el Gobierno de MC igual alegó que los recursos públicos se volvieron privados para no transparentarlos.

“Esto es, definitivamente, una confirmación del modus operandi de este Gobierno del Estado”, sostuvo Serrato.

“De la lectura del documento se desprende que Èl (el Gobernador) está aceptando que hubo, por parte de esas empresas, una transferencia de recursos públicos a despachos legales, porque así lo señala él”.

La legisladora añadió que falta por conocer los montos y las fechas de estas transferencias, mientras que la Comisión acordó ayer solicitar información a 69 dependencias estatales y federales sobre contratos celebrados con 12 empresas, entre ellas Saga Tierras y Bienes Inmuebles, propiedad de la familia del emecista.