El análisis forma parte de la estrategia federal contra el huachicol fiscal, práctica relacionada con el contrabando de combustibles y la evasión de impuestos mediante operaciones comerciales irregulares.
Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.— Nuevo León figura entre las entidades identificadas por el Gobierno federal en el análisis de operaciones relacionadas con la presunta introducción y comercialización irregular de combustibles durante 2025, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las autoridades realizaron un cruce de información fiscal, aduanera y operativa para detectar diferencias entre los volúmenes de hidrocarburos comprados, importados y vendidos en el país.
El análisis forma parte de la estrategia federal contra el huachicol fiscal, práctica relacionada con el contrabando de combustibles y la evasión de impuestos mediante operaciones comerciales irregulares.
De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno federal, durante 2025 se identificó un desbalance de 8 mil 824 millones de litros de combustible, asociado con posibles irregularidades en distintas etapas de la cadena de suministro. El impacto fiscal estimado por estas operaciones asciende a alrededor de 61 mil 700 millones de pesos.
Las autoridades señalaron que las inconsistencias se concentraron principalmente en las operaciones de comercialización, aunque también se identificaron diferencias en estaciones de servicio y procesos de importación.
El sistema de revisión permite comparar registros de empresas comercializadoras, importadores, distribuidores y gasolineras para detectar discrepancias que requieren aclaración o investigación.
Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno federal informó sobre sanciones administrativas a empresas que comercializaban combustible sin los permisos correspondientes, multas a estaciones de servicio y bajas del padrón de importadores por irregularidades.
Las autoridades también reportaron investigaciones y denuncias ante instancias fiscales y ministeriales para determinar posibles responsabilidades.
En el caso de Nuevo León, la inclusión de la entidad entre los puntos donde se detectaron operaciones irregulares no significa que todas las empresas del sector estén involucradas ni que exista una responsabilidad penal acreditada contra personas o compañías específicas.
El Gobierno federal indicó que continuará con el intercambio de información entre dependencias para rastrear el movimiento de hidrocarburos, fortalecer los controles y combatir la evasión fiscal relacionada con su comercialización.
