Ciudad de México.- Una familia mexicana que vivía en Estados Unidos decidió autodeportarse por temor a ser detenida en medio del aumento de redadas migratorias. Aunque su regreso a México fue voluntario, la familia enfrentó una situación inesperada al cruzar la frontera: fueron multados y perdieron sus pertenencias, su vehículo, además de parte de sus ahorros, por multas y confiscaciones aduaneras de las autoridades mexicanas.

El caso, documentado por Reuters, ha generado indignación entre quienes consideran que, pese a haber tomado la difícil decisión de regresar a México por cuenta propia, esta familia fue castigada de forma injusta. Su historia es un ejemplo de las complejidades legales y burocráticas que enfrentan los migrantes al intentar volver a su país de origen.

Temor, decisión y regreso a México

De acuerdo con Reuters, la familia vivía desde hacía varios años en la ciudad de Glendale, Arizona, donde el padre, Carlos León, quien trabajaba en jardinería, la madre, Sonia Coria, que laboraba en sitios de limpieza, y sus hijos, que asistían a la escuela, buscaban adaptarse a esta nueva vida.

Según el reportaje del mismo medio, su vida era estable luego de que huyeran de México por la violencia que los aquejaba en su natal Uruapan, Michoacán. Sin embargo, comenzaron a sentirse cada vez más inseguros ante las políticas migratorias más estrictas, el aumento de operativos y la posibilidad de una deportación forzada que pudiera separar a la familia.

Unas semanas antes, habían presenciado cómo agentes de inmigración detenían al padre de una familia mexicana que vivía a dos casas de la suya. Eso, dijo Coria, los llevó a tomar una decisión drástica: empacar sus cosas y volver a México por voluntad propia.

Vendieron parte de sus pertenencias, reunieron dinero en efectivo y emprendieron el camino de regreso. Su intención era volver con dignidad y en sus propios términos, sin ser expulsados del país que habían considerado su hogar durante años.

El 19 de enero, Coria, León y los dos niños empacaron lo que pudieron en su camioneta F-150 y se dirigieron hacia la frontera con México.

“Nos fuimos sin nada y regresamos peor”

Irse fue una decisión difícil. Habían huido de Uruapan en febrero después de que hombres armados que decían ser miembros del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) comenzaran a aparecer en la finca de aguacates donde León trabajaba como guardia, exigiendo dinero por protección. León no tenía dinero para pagar, y el dueño estaba ausente.

Ahora estaban regresando a una de las ciudades  más violentas del mundo, con una tasa oficial de homicidios de casi 60 por cada 100 mil habitantes. En los últimos años, el crimen organizado se ha asentado en la zona, controlando o extorsionando fincas y negocios, y asesinando a quienes se niegan a pagar.

Pero la familia esperaba que sus ahorros marcaran la diferencia. Habían logrado reunir 5 mil dólares y su plan era comprar un terreno y abrir un taller mecánico usando su camioneta para ayudar con el negocio.

A las cinco de la tarde del 19 de enero, llegaron al cruce fronterizo Dennis DeConcini en Nogales.

Al pasar por la aduana de México, la Guardia Nacional detuvo su vehículo y les pidió documentos. Aunque venían con sus objetos personales, estos fueron confiscados, al igual que parte del dinero que llevaban. Y es que según lo reportado, el padre de familia no pudo justiciar que era dueño de la camioneta en donde viajaban.

León no tenía el título del auto, solo un permiso temporal emitido ese mismo día, así que los agentes confiscaron la camioneta que habrían comprado meses anteriores y amenazaron con arrestarlo por contrabando de vehículos. También perdieron otros objetos y les quitaron 5 mil dólares, todos los ahorros de la familia, para lo que llamaron una multa antes de que León pudiera quedar libre.

“Perdimos todo”, recordó Coria entre sollozos. “Con tanto esfuerzo que nosotros estuvimos trabajando allá para que en un ratito nos quitaran todo. Nos fuimos sin nada y regresamos peor”, agregó.  

En junio, a través de una carta de 62 páginas a la que Reuters tuvo acceso, la aduana les informó que su camioneta había sido incautada y se había convertido en propiedad del fisco federal. Además, les notificaron que debían el equivalente a 18 mil dólares en derechos de aduana por traer la F-150 a México.

Actualmente, la familia se encuentra en su ciudad de origen en México, tratando de comenzar de nuevo. Reuters informó que, además de perder sus bienes, también quedaron sin acceso inmediato a vivienda, empleo y servicios básicos. Lo que esperaban que fuera una transición ordenada ha resultado en un inicio cargado de desafíos.

A pesar del golpe económico y emocional, la familia trata de adaptarse a su nueva realidad, confiando en que podrán reconstruir su vida desde cero. Su historia pone sobre la mesa no solo las dificultades de migrar, sino también las trabas que enfrentan quienes deciden regresar por decisión propia.

Con información de Reuters