Afirma que la orden de aprehensión contra el fundador y coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C. tenía años y se cumplimenta ahora.
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que Luis Rey García Villagrán, detenido en Tapachula, Chiapas, no es un activista, sino una persona con una orden de aprehensión vigente por delitos relacionados con tráfico y trata de personas.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la detención del fundador y coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C. forma parte de un proceso judicial pendiente desde hace varios años.
“No es un activista, tenía orden de aprehensión y tiene una acusación por tráfico de personas. La orden de aprehensión tenía años y se cumplimenta ahora”, declaró Sheinbaum al referirse al operativo realizado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal el martes.
García Villagrán, principal organizador de una caravana de migrantes que partió de Tapachula este miércoles por la mañana, acudió a una reunión al parque Bicentenario donde se reunió con un grupo de migrantes para ultimar los detalles y anunciar el apoyo de algunas organizaciones y de la iglesia durante el camino.
Tras el arresto, García Villagrán fue trasladado a la subdelegación de Procedimientos Penales B de la Fiscalía General de la República (FGR) estatal, donde se dieron cita algunos familiares, amigos y su defensa legal. De acuerdo con sus familiares, las autoridades le atribuyen al activista el delito de delincuencia organizada.
En 2022, fue arrestado a raíz de una carpeta de investigación abierta por la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por tráfico de personas y/o delitos en materia de migración.
En 1997 García Villagrán, quien es licenciado en derecho y se autonombra “traficante de sueños y rey del amparo”, fue sentenciado en Chiapas por los delitos de secuestro y asociación delictuosa, por lo cual cumplió una condena 12 años y medio de prisión.
Es señalado de no tener interés por los derechos humanos de los indocumentados, pues los expone a recorridos extenuantes, peligrosos e incluso los confronta con grupos delincuenciales o con autoridades. También lo acusan de tramitar amparos y cobrar a los migrantes para facilitar su tránsito por territorio mexicano.
En diversas ocasiones, García Villagrán ha denunciado corrupción dentro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), con la finalidad de usar indebidamente la figura del refugio y protección internacional para los extranjeros que desean transitar por México para llegar a Estados Unidos.