El gobierno de EU sigue presionando con acciones al Gobierno Federal para frenar al narco, por lo que estaría detrás de algunos morenistas
Ciudad de México.- La administración del presidente estadounidense Donald Trump podría intensificar sus exigencias de seguridad hacia México, incluyendo posibles solicitudes de detención de políticos, tras haberse descartado una intervención militar tras una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum, según reportes.
Funcionarios de seguridad mexicanos temen que, una vez frenada la posibilidad de un ataque militar, el gobierno de Estados Unidos comience a hacer otro tipo de exigencias insostenibles, reportó The Wall Street Journal.
Entre los escenarios contemplados está el de solicitar las detenciones de políticos de Morena que, a consideración de Washington, estarían vinculados con el narcotráfico.
Lo anterior pondría en jaque al gobierno, pues la presidenta y el mismo partido han negado todo tipo de acusaciones y señalamientos con respecto a nexos criminales.
Esta presión se ejercería en un contexto donde la administración Trump ya ha revocado visas a más de 50 políticos mexicanos de todos los partidos, según la agencia Reuters, destacando que la mayoría pertenecen a Morena.
Diversos integrantes del partido en el gobierno han enfrentado señalamientos públicos y medidas administrativas de Estados Unidos.
A lo largo del 2025, los morenistas vivieron quizá su peor momento al verse en constantes polémicas y escrutinio público ante escándalos de corrupción, pero el asunto escaló cuando a una de sus integrantes le revocaron la visa.
Fue la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, así como su esposo Carlos Torres, quien aseguró que se trataba de un procedimiento cualquiera, sin embargo, investigaciones periodísticas dieron a conocer que autoridades tanto federales como estadounidenses los vincularon a una red de huachicol en el estado, lo que derivó en la medida consular.
Ante el escándalo dijo tener la conciencia tranquila e incluso aseguró que no necesitaba el documento pese a ser un estado fronterizo: “En ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa, en primer lugar”.
Del Pilar fue solo la primera, ya que meses después se dio a conocer la revocación del documento a la diputada de Morena, Hilda Brown, quien fue señalada de haber apoyado a ‘La Mayiza’ en el municipio de Rosarito por el Departamento del Tesoro de EUA.
Por ello fue incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y sus cuentas fueron congeladas también en México por la UIF. Debido a estas medidas y pese a que negó todas las acusaciones, en diciembre la legisladora terminó regresando su visa a los Estados Unidos.
“Yo la visa la regresé vía DHL al consulado. Yo no quiero tener problemas al respecto, siempre he sido una persona que ha trabajado”, señaló a medios de comunicación.
De acuerdo con la agencia Reuters, la administración de Donald Trump ha revocado visas a más de 50 políticos mexicanos de todos los partidos. Pero la agencia destacó que la mayoría de estos pertenecían a Morena. Algunos de ellos son:
• Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, Baja California
• Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora
• Óscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora
• Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros, Tamaulipas
• César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado
• José Luis Dagnino, alcalde de San Felipe, Baja California
Debido a los movimientos del gobierno norteamericano, comenzaron a circular rumores sobre una lista negra de políticos que tendría el gobierno estadounidense en donde figuran otros gobernadores, exgobernadores y legisladores.
Por otro lado, quien ha dejado mal parado a Morena es el senador Adán Augusto López, quien a finales del año pasado acumuló acusaciones por irregularidades en su patrimonio, así como por enriquecimiento ilícito.
Pero lo que más ha pesado sobre él es la sombra de La Barredora, organización criminal dedicada a secuestros y extorsiones fundada y liderada por Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco cuando Adán era gobernador del estado, motivo por el que lo han acusado de permitir su crecimiento.
Aunque el senador lo ha negado, documentos militares filtrados por el grupo Guacamaya indicarían que estuvo al tanto de la presencia del grupo criminal y del liderazgo de Bermudez. Aún así, no hay investigación alguna en su contra.
Este aparente blindaje algunos columnistas y analistas lo han atribuido a la cercanía y amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador debido a que podría comprometerlo legalmente.
Pero no son los únicos que se encuentran en la polémica, pues varios de los miembros de la cúpula morenista han sido acusados de tener nexos con el crimen organizado y que pese a las investigaciones periodísticas y algunas denuncias a nivel federal estos han logrado mantenerse en sus cargos.
Tal es el caso de ‘Andy’ López Beltrán, acusado de liderar una red de huachicol durante el gobierno de su padre en alianza con varios funcionarios amigos suyos que se desempeñaban en el sector energético. Por ello ya ha sido denunciado por integrantes del PAN ante la FGR.
Otro ha sido el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. De acuerdo con el portal Narcopolíticos, cuenta con familiares que han sido sentenciados e identificados por autoridades como integrantes de Cárteles Unidos e incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció que hubo intervención del crimen organizado en las elecciones estatales.
También está el gobernador Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, quien de acuerdo con el mismo sitio, ha sido ligado al Cártel del Golfo de quien habría recibido apoyo durante su campaña electoral, así como de tener nexos con el empresario Sergio Carmona, ‘El rey del huachicol’.
También ha sido acusado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido vinculado al Cártel de Sinaloa, cosa que ha negado en reiteradas ocasiones.
Estos casos ocurren en medio de rumores sobre una lista negra de políticos mexicanos que manejaría el gobierno estadounidense, lo que marca un nuevo capítulo de tensión bilateral centrado en la seguridad y la gobernanza.
Con información de Político MX
