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Morena acusa presunta red de corrupción en el INE durante la gestión de Lorenzo Córdova y señala contratos por más de 2 mil mdp

El partido pidió investigar las administraciones anteriores, luego de que las indagatorias por presuntos actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei alcanzaran a proveedores y exfuncionarios del organismo

El partido pidió investigar las administraciones anteriores, luego de que las indagatorias por presuntos actos de corrupción durante la gestión de
Grupo Zócalo
ZOCALO | MONCLOVA
11-05-2026
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Morena acusó que una presunta red de corrupción relacionada con proveedores de materiales y servicios electorales operó durante distintas administraciones del Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente durante los nueve años en que Lorenzo Córdova estuvo al frente del organismo, periodo en el que empresas vinculadas a un mismo grupo habrían obtenido contratos por más de 2 mil millones de pesos.

El señalamiento ocurre en medio de la crisis que enfrenta el instituto por las presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Consejo General en octubre pasado.

Las investigaciones derivaron en revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la preparación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Comunicado oficial de Morena.

A través de un comunicado titulado La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales, Morena sostuvo que las prácticas bajo investigación no comenzaron con la llegada de Taddei, sino que tendrían antecedentes de varias décadas.

En su posicionamiento, el partido afirmó que empresas relacionadas con un mismo grupo empresarial consiguieron contratos por más de 2 mil millones de pesos con organismos electorales locales durante los nueve años de Córdova como consejero presidente del INE, entre 2014 y 2023.

Morena consideró que la concentración de estos contratos amerita esclarecer quiénes autorizaron las operaciones, qué funcionarios estuvieron encargados de supervisarlas y quiénes obtuvieron beneficios.

El partido también pidió explicaciones a Lorenzo Córdova, al exconsejero electoral Ciro Murayama y al exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo sobre las medidas que adoptaron durante sus respectivas responsabilidades para evitar la concentración de contratos en determinados proveedores.

Asimismo, demandó que las investigaciones no se limiten a las administraciones anteriores, sino que incluyan a los funcionarios que actualmente forman parte del instituto.

El posicionamiento de Morena coincidió con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este 5 de noviembre abordó el origen de las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, señalados como proveedores de distintos organismos electorales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que los antecedentes de esta red empresarial se remontan al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando los hermanos trabajaron en el Registro Nacional de Población (Renapo) y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Sheinbaum señaló que, antes de dedicarse a los negocios, los empresarios tuvieron vínculos laborales con Juan Carlos Padilla, quien dirigió el Renapo y posteriormente ocupó la Secretaría General del CISEN.

Actualmente, Padilla forma parte del partido Somos, donde también participan Lorenzo Córdova y otros exconsejeros electorales.

De acuerdo con la información presentada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, los hermanos Hernández Casillas comenzaron a participar como proveedores de material electoral en entidades del país antes del año 2000.

La funcionaria expuso que su red empresarial se fortaleció entre 2014 y 2023, periodo en el que obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos.

Entre 2024 y 2025, las contrataciones alcanzaron otros 646 millones de pesos.

Entre los datos presentados por el Gobierno federal destacan:

  • Más de 27 años de antecedentes en la proveeduría de servicios y materiales electorales.
  • 2 mil 94 millones de pesos en contratos entre 2014 y 2023.
  • 646 millones de pesos obtenidos entre 2024 y 2025.

Presuntas omisiones en la supervisión y en los lineamientos para las contrataciones de organismos electorales.

La presidenta sostuvo que las irregularidades no deben atribuirse exclusivamente a la administración de Guadalupe Taddei, aunque aclaró que tampoco se le debe eximir de responsabilidades si se demuestra que cometió alguna ilegalidad.

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