El gobierno de México tiene 45 días para acatar el fallo final de los integrantes del panel de controversia comercial que revisaron el decreto mexicano que prohíbe el uso de maíz transgénico para consumo humano, de acuerdo con especialistas.

Al asegurar el gobierno mexicano que “respetará la determinación” del panel que consideró que el decreto emitido el 13 de febrero de 2023 es “inconsistente” con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esto significa que tienen que revertirse el decreto.

El experto en comercio exterior, Jorge Molina, dijo “básicamente es echar para atrás el decreto, y para esto México tiene 45 días calendario para adoptar el fallo, es decir el 3 de febrero.

Añadió que “si para el 4 de febrero México no ha corregido el problema que dio origen al panel que es el decreto, el día 4, nos pueden empezar a aplicar aranceles y con Donal Trump ahí, como presidente, será la excusa perfecta para que Trump empiece a cumplir sus promesas de campaña de aplicar aranceles a México”

Añadió que en lo único que puede apelar México en caso de no cumplir es el monto excesivo de aranceles que le imponga Estados Unidos y Canadá por el incumplimiento.

Por otra parte, el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, dijo que el fallo del panel determinó que “los decretos emitidos el 31 de diciembre de 2020 y el 13 de febrero de 2023 no presentan evidencia científica que demuestre que el maíz genéticamente modificado (OGM) cause daño a la salud humana, animal o al medio ambiente”.

Añadió que esto deja en claro que “los ideólogos de la Cuarta Transformación han generado un problema donde no existen fundamentos científicos que lo respalden”, porque el panel determinó que México no demostró evidencia científica que demuestre que el maíz genéticamente modificado hace daño.

Esto significa que México tiene 45 días en los que deberá permitir las importaciones de maíz transgénico, eliminar el decreto del 13 de febrero de 2023, reconocer que no hay evidencia científica que demuestre que el maíz OGM hace daño y negociar el uso de maíz transgénico para consumo humano directo, es decir, para tortillas y otros alimentos.

“México debe adoptar una postura basada en ciencia y en los intereses económicos del país, asegurando el abastecimiento de maíz para los sectores animal e industrial, sin comprometer su soberanía alimentaria ni su reputación”, añadió Anaya.