El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. 

Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”, afirmaron.

Aclararon que el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas, y que en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.

Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 –administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo”, señalan.

Lamentaron que el Comité haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.