El proyecto de reforma a tres leyes estatales plantea detección, valoración clínica, canalización y seguimiento para niñas, niños y adolescentes, con coordinación entre las autoridades sanitarias, los planteles y las instancias de protección
La diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio presentó en el Congreso del Estado de México una iniciativa para que niñas, niños y adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) recibieran atención médica especializada, seguimiento clínico y apoyos para ingresar, permanecer y participar en las escuelas.
La propuesta fue suscrita por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y busca reformar las leyes de Salud, de Educación y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad.
Entre enero y septiembre de 2025, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México otorgó 11,926 consultas en la Clínica de Salud Mental “Ramón de la Fuente”. La cifra incluyó casos relacionados con el trastorno, aunque la institución no contó con un registro específico que mostrara cuántos menores fueron atendidos por esta causa.
Álvarez Villavicencio expuso que la falta de datos puntuales sobre el número de pacientes con esta condición limitó la medición de la demanda de atención y los servicios requeridos por las familias.
La iniciativa plantea que la Secretaría de Salud del Estado de México generara y coordinara una ruta de atención integral para niñas, niños y adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
El esquema incluye orientación, detección oportuna, valoración clínica, referencia a unidades médicas, retorno a los servicios de origen y seguimiento de cada caso. La atención debe aplicarse con criterios de oportunidad y continuidad.
El proyecto también establece que las autoridades sanitarias proporcionarán información accesible a madres, padres, tutores, personas con guarda y custodia, así como a cuidadores. El objetivo fue que conocieran los servicios disponibles y las opciones de acompañamiento familiar.
La Secretaría de Salud impulsa la capacitación de su personal para detectar el trastorno, distinguirlo de otras condiciones, emitir diagnósticos y dar seguimiento a los pacientes. La iniciativa propone que las autoridades sanitarias coordinen esos procesos con las instituciones educativas y con las autoridades encargadas de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa comunicación permite canalizar a los estudiantes que requirieran atención y mantener el seguimiento fuera y dentro de los planteles.
La propuesta también plantea medidas de inclusión educativa para estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Estas disposiciones alcanzarían a escuelas públicas y privadas del Estado de México.
El texto prohíbe negar o condicionar la inscripción, la permanencia, la participación o la evaluación de un alumno por el diagnóstico o por las necesidades de apoyo vinculadas con esa condición.
Las escuelas tendrían que aplicar un plan de apoyo educativo individualizado cuando resulte necesario. En su elaboración participarían el estudiante, según su edad y madurez; su familia, y el personal escolar que corresponda.
La iniciativa contempla capacitación y acompañamiento progresivo para docentes, directivos y personal de apoyo. Los planteles contarían con la participación de profesionales competentes para orientar las medidas requeridas por cada estudiante.
Las autoridades educativas tendrían que articular la intervención de las unidades de servicios de apoyo a la educación regular y de otros servicios de educación especial. Entre estos se encuentran los centros de atención múltiple, cuando la situación del alumno lo requiera.
El proyecto precisa que el diagnóstico no determina, por sí solo, la canalización de un estudiante a esos espacios. La condición tampoco define automáticamente la trayectoria educativa que debe seguir cada menor.
La iniciativa reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes con este trastorno a recibir atención integral, individualizada, oportuna y libre de discriminación.
Las autoridades estatales y municipales tendrían que colaborar para orientar a las familias, facilitar la canalización a servicios de salud, dar seguimiento a la atención y garantizar el acceso a los apoyos institucionales.
El documento incluye el derecho a recibir apoyos pedagógicos y, cuando proceda, ajustes razonables para asegurar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje dentro de las escuelas.
Las decisiones sobre la atención de los menores deben considerar su opinión, de acuerdo con su edad, desarrollo y madurez. Las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes intervendrían dentro de sus atribuciones cuando existan posibles restricciones o vulneraciones a esos derechos.
