Hugo Aguilar llamó a ministros a retomar las actividades al inicio de agosto al finalizar la sesión del 14 de julio
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) clausuró su primer periodo de sesiones de 2026 y reanudará actividades públicas el lunes 3 de agosto, después de cerrar formalmente los trabajos del Pleno con efectos a partir de las cero horas del jueves 16 de julio, en un calendario que coincide con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Establece la ley que el primer periodo del Poder Judicial de la Federación inicia el primer día hábil de enero y termina el último día hábil de la primera quincena de julio. El segundo comienza el primer día hábil de agosto y concluye el último día hábil de la primera quincena de diciembre.
El cierre ocurrió el pasado martes 14 de julio durante la sesión del Pleno. En la clausura, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz convocó a las ministras y ministros a la siguiente sesión pública del 3 de agosto de 2026.
“Agradecer también a todo el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su trabajo arduo, profesional, comprometido y al pueblo de México decirles que está en construcción un sistema de justicia real y verdadero, un sistema de justicia abierto y de cara al pueblo, que hoy cerramos un periodo de sesiones, pero los trabajos continúan”, dijo Aguilar Ortiz en la sesión de la clausura.
Un día después, el ministro presidente publicó un mensaje en X en el que retomó ese balance. “Ayer en la SCJN concluimos el primer periodo de sesiones de 2026”, escribió, y agradeció a las personas que hicieron posible el trabajo del Pleno, así como a sus compañeras ministras y compañeros ministros por construir “un espacio genuino de diálogo, deliberación y debate”.
El cierre del periodo llega después de días de discusión pública sobre el funcionamiento interno del Máximo Tribunal. El pasado 13 de julio, según una tarjeta informativa difundida por la propia Suprema Corte, aclaró que el personal de las ponencias no puede reducirse a la categoría de “asesores”, como se había señalado en versiones previas.
De acuerdo con el documento, cada ministra y ministro cuenta con una ponencia integrada por personas servidoras públicas de distintos niveles jerárquicos: secretarios y coordinadores de ponencia, secretarias y secretarios de estudio y cuenta con sus adjuntos, secretarias y secretarios auxiliares, auxiliares de acuerdos y personal operativo. Sus tareas incluyen analizar expedientes, elaborar proyectos de resolución, dictaminar proyectos de otras ponencias y realizar investigación jurídica.
La Corte precisó que el personal técnico altamente calificado representa 65.4% del equipo de cada ponencia. El 34.6% restante corresponde a personal de apoyo técnico, administrativo y operativo.
En esa misma explicación, la SCJN sostuvo que la ponencia de Hugo Aguilar Ortiz es la de menor tamaño dentro del pleno. El tribunal indicó que cada equipo opera con un techo presupuestal asignado de antemano y que la distribución de plazas depende de las necesidades de cada ministra o ministro.
La clausura del primer periodo también ocurre después de una etapa de desgaste público y críticas para la nueva integración de la Corte. Entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 el Máximo Tribunal enfrentó críticas por decisiones administrativas, videos virales y cuestionamientos sobre austeridad.
El 21 de mayo, la SCJN informó que pidió retirar un video grabado en sus oficinas y ordenó una revisión interna después de la difusión de un comercial de botanas en TikTok. La Corte señaló que colaboradoras del ministro Irving Espinosa Betanzo grabaron y subieron dos videos para la marca Snackin dentro del edificio del tribunal en el Centro Histórico de la CDMX sin autorización para usar esos espacios con fines ajenos al trabajo oficial.
La institución añadió que las instalaciones solo podían emplearse para actividades jurisdiccionales o institucionales y que las colaboradoras involucradas presentaron su renuncia con efectos inmediatos y carácter irrevocable. También indicó que los videos dejaron de aparecer en las cuentas donde se difundieron y que se ordenó revisar si hubo uso indebido de recursos o tiempo laboral.
En enero de 2026, la compra de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee modelo 2026, una para cada ministro, desató otro frente de críticas. El gasto estimado fue de 31.5 millones de pesos, con un costo de 3.5 millones por unidad. La SCJN argumentó que la adquisición respondió a criterios de seguridad y normatividad interna, pero después los ministros anunciaron que no usarían las unidades y que serían reasignadas a juzgadores en mayor riesgo.
El 5 de febrero, antes de la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución en Querétaro, cámaras captaron a colaboradores de Aguilar Ortiz mientras limpiaban su calzado en la vía pública. El video se hizo viral y provocó críticas sobre privilegios. Después, el ministro presidente escribió en redes sociales: “No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o soberbia en mi persona”.
