Al presentar el Informe final sobre integridad en el proceso electoral judicial, las organizaciones México Evalúa, Di-sentir, el Laboratorio Electoral y Práctica: laboratorio para la democracia, señalaron que esos comicios se caracterizaron, además, por un “cúmulo de ilegalidades”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La elección judicial del pasado 1 de junio constituyó una “regresión democrática de décadas” por su inequidad, falta de transparencia, la intervención de funcionarios y recursos públicos para coaccionar el voto a favor de determinados candidatos, afirmaron hoy varias organizaciones de la sociedad civil integradas en el Observatorio Electoral Judicial.
Al presentar el informe final sobre integridad en el proceso electoral judicial, las organizaciones México Evalúa, Di-sentir, el Laboratorio Electoral y Práctica: laboratorio para la democracia, señalaron que esos comicios se caracterizaron, además, por un “cúmulo de ilegalidades” y por la parcialidad del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral (INE), que actuaron a favor del oficialismo.
En ese sentido, la elección judicial fue “una farsa” y marca “el inicio de la restauración autocrática”.
La coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Susana Camacho, dijo que la falta de reglas claras, la baja calidad del proceso legislativo para aprobar, sin mayor debate, la reforma judicial, y la falta de pulcritud acabaron por dañar todo el proceso e impidieron que los ciudadanos acudieran masivamente a las urnas para emitir un voto libre e informado.
Para Camacho, el INE y el Tribunal Electoral “le fallaron a los mexicanos” y contribuyeron a que quedara en entredicho la legitimidad de las personas que han llegado a los cargos de jueces y, también, “la legitimidad de estas instituciones”.
De acuerdo con el informe, esos comicios en los que se renovó la Suprema Corte de Justicia, se creó un Tribunal de Disciplina Judicial y se eligieron la mitad de los jueces y magistrados en el país, se convirtieron en “la primera elección, desde la transición democrática, que no puede calificarse como democrática”.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, preguntó en el reporte: “¿Puede considerarse democrática una elección en la que la inmensa mayoría de las candidaturas fueron decididas por representantes del gobierno y de la coalición gobernante? ¿Es democrática una elección en la que el electorado no tiene la más mínima idea de quiénes son las candidaturas ni qué funciones tienen los cargos en disputa?”.
En la investigación se sostiene que la elección judicial careció de autenticidad y “fue operada desde el poder a partir de la violación sistemática, grave y determinante de los principios constitucionales de certeza, legalidad, equidad y libertad del sufragio”.
De acuerdo con Reyes, “si estuviéramos en un país con condiciones mínimamente democráticas, hoy estaríamos discutiendo su anulación”.
El informe de las cuatro organizaciones civiles que conforman el Observatorio Electoral Judicial documenta las fallas de la reforma judicial desde su diseño normativo, las prisas del expresidente Andrés Manuel López Obrador por hacerla aprobar en el Congreso sin mayor debate, las responsabilidades directas de los árbitros electorales y la “consecuencias devastadoras para nuestra democracia constitucional”.
Además, da cuenta de las boletas mal diseñadas, de los acordeones ilegales elaborados desde las dependencias públicas, de los “acuerdos y sentencias incoherentes” del INE y el Tribunal Electoral, que “solaparon” las irregularidades.
El Observatorio Electoral Judicial documentó que 394 personas candidatas fueron beneficiadas con anuncios ilícitos en redes sociales que costaron entre 2.2 y 3.1 millones de pesos, entre ellas a las aspirantes a ministras de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes a la postre ganaron.
La propia Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó al Observatorio que le entregara esa información, lo cual ocurrió.
“Pero nada pasó. Porque, como ya dijimos, este INE resultó muy bueno para acosar a periodistas y organizaciones, pero pésimo para investigar ilegalidades y acordeones”, indicó el reporte.
El Observatorio también hizo un estudio preelectoral en el que determinó que, por el simple diseño de la boleta, 133 personas candidatas tenía altísimas probabilidades de ganar, lo cual ocurrió en 108 casos, el 81%.
En contraste, el estudio encontró que 304 candidatas y candidatos tenían muy bajas posibilidades en la contienda. De estos, el 90%, 275, perdieron.
“Las boletas, además de confundir, terminaron decidiendo, en buena medida, quién ganaba y quién perdía. En muchos casos no reflejaron las preferencias ciudadanas: las reemplazaron”, aseguró el reporte.
Al final, los ganadores de los principales fueron candidatos cercanos a Morena. Ese fue el caso de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estará presidida por el indígena mixteco Hugo Aguilar, quien fue operador político del expresidente López Obrador ante comunidades indígenas.
También el estratégico Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá sancionar y remover a jueces que se salgan del redil, quedará integrado por fichas del partido oficial, y de los 17 cargos de las salas superior y regionales del Tribunal Electoral sometidos a votación, 15 los obtuvieron candidatos sugeridos en los “acordeones” que repartió Morena.
De acuerdo con Susana Camacho, en los comicios judiciales “se cumplieron los peores vaticinios” planteados por los más destacados constitucionalistas del mundo y por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que existe un caso abierto contra el Estado mexicano por la reforma lopezobradorista.
El informe encontró que la pauta ilegal en redes sociales n fue producto de fallas accidentales sino variables estructurales y acciones sistemáticas que imposibilitaron una competencia efectiva.
“Al suprimir la capacidad de las candidaturas no ‘elegidas’ o no ‘impulsadas’ por el oficialismo para competir en igualdad de circunstancias, se anuló la competencia pública”, agregó.
Por lo tanto, “el proceso no puede ser visto como una democratización, sino como un caso de retroceso democrático, un fenómeno donde actores electos utilizan las herramientas de la democracia para desmantelarla desde adentro, erosionando las garantías institucionales que permiten la competencia política”.
De acuerdo con el Observatorio, “la percepción de captura” del INE y del Tribunal Electoral “se ha agudizado” en este proceso por la constante contradicción de criterios y las votaciones divididas que, por sí solas, “sugieren presiones externas”.
El informe señaló que “el oficialismo vulneró, en distintos momentos y de muy diversas formas, la integridad electoral”, y mencionó casos como el uso de los "acordeones" elaborados en instancias de gobierno y la campaña abierta de funcionarios y servidores públicos en favor de ciertas candidaturas.
“El principio de imparcialidad de los servidores públicos, consagrado en el artículo 134 de la Constitución, fue prácticamente ignorado durante el periodo de campaña” y el gobierno de México “no actuó con la imparcialidad requerida” durante el proceso.
Todas estas experiencias, señala el reporte, deberían dar paso a correctivos de cara a los comicios legislativos y locales de 2027.
