Funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, anunció la apertura de una acusación formal en contra de, entre otros funcionarios el actual gobernador de Sinaloa, por su presunta asociación con el Cártel de Sinaloa "para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos".

"El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas. Como lo revela la acusación, esta y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar", sentenció Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.

¿Quién es Juanito Valenzuela, el principal acusado?

Entre los personajes imputados por el DOJ estadounidense se encuentra Juan Valenzuela Millán, un comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán entre 2018 y 2024, mejor conocido como "Juanito", quien, según la acusación formal, presuntamente participó en una conspiración con el Cártel de Sinaloa para importar "cantidades masivas" de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos.

Durante su desempeño en el cargo, Millán supuestamente recibió sobornos mensuales de Los Chapitos para sí mismo, sus comandantes y más de 40 agentes de la policía municipal, otorgando a cambio acceso ilimitado a esta facción del Cártel de Sinaloa a la Policía Municipal de Culiacán y "utilizó a los agentes y los recursos de dicha fuerza policial para ayudar a los Chapitos a traficar con drogas y mantener su dominio sobre Culiacán".

Lo anterior, según autoridades estadounidenses, incluye el secuestro, detención y asesinato de enemigos de la célula criminal. En octubre de 2023, "Juanito" ayudó a los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial que colaboraba con la Administración para el Control de Drogas de EU (DEA), así como a sus familiares, algunos de los cuales fueron torturados y asesinados por el grupo delictivo por sospechas de entregar información a la dependencia estadounidense en relación con esta investigación.

Terrance Cole, administrador de la DEA, explicó que el Cártel de Sinaloa no se encarga únicamente de traficar drogas letales, sino que es una organización terrorista designada "que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro".

"Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades", subrayó el funcionario.

Entre los acusados se encuentran funcionarios antiguos o actuales del gobierno, así como autoridades del orden público sinaloense. La justicia estadounidense los acusa de, entre otras cosas, ordenar a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito a EU.

A cambio, los acusados supuestamente recibieron colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel.