Cientos de jueces, magistrados y ministros que dejarán sus cargos acusan al gobierno federal de bloquear sus liquidaciones y violar derechos laborales
Ciudad de México.- Tras la elección del 1 de junio y la votación de más de 13 millones de personas que definieron el nuevo rostro del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Gobierno federal ahora tiene otro reto por delante: liquidar a cientos de juzgadores que dejarán sus puestos en los próximos meses.
Se trata de cientos de jueces, magistrados y ministros que se retirarán en los próximos meses en cumplimiento con la reforma judicial y que han comenzado a inconformarse ante las señales que ha dado la gestión federal.
El malestar ha escalado hasta convertirse en protesta, debido a que decenas de funcionarios judiciales de distintas regiones del país acusan que sus liquidaciones por años de servicio en este poder podrían estar en riesgo, por lo que amagan con nuevas manifestaciones y paros indefinidos.
Hasta el momento, la administración federal no ha emitido ninguna declaración respecto a las indemnizaciones a las que tienen derecho jueces, magistrados y ministros de la Corte que dejarán sus cargos en breve, lo que ha encendido los ánimos de los funcionarios del PJF.
La discordia que se generó por la incertidumbre entre los juzgadores que alistan sus maletas es tal que varios amenazan con paralizar circuitos e interponer amparos, pues señalan que detrás de estas liquidaciones se encuentran años de experiencia judicial.
Miguel Mendoza Montes, magistrado de Circuito en retiro, confirmó lo que varios han expresado en días recientes: hay una intención deliberada del Gobierno federal para evitar el pago de indemnizaciones a jueces y magistrados que no participaron en el reciente proceso de elección judicial.
En entrevista con Reporte Índigo, el exfuncionario judicial aseguró que hay una posible violación constitucional y un uso indebido de fondos originalmente destinados a cumplir con los derechos laborales establecidos en la reforma judicial.
De acuerdo con el artículo Décimo Transitorio de la reforma se establece de manera explícita que los juzgadores que concluyan su encargo deben recibir una compensación equivalente a tres meses de salario integrado, veinte días por año de servicio y otras prestaciones.
Sin embargo, los testimonios recopilados por este diario refieren que los recursos previstos para ello —alojados en fideicomisos del Poder Judicial— fueron transferidos a la Tesorería de la Federación sin respetar el destino legal que les correspondía.
“Se incumplió la norma constitucional y se incurrió en responsabilidades administrativas y penales”, afirmó el magistrado.
Además recordó que los fondos, antes resguardados por Nacional Financiera y congelados por orden judicial, iban a ser transferidos al Consejo de la Judicatura Federal, pero el mismo día fueron desviados por orden superior.
“Estamos ante una fractura del Estado de derecho. Se violó la Constitución, se desviaron recursos y ahora se impide el acceso a la justicia para los propios operadores del sistema. Si esto ocurrió a nivel federal, podría repetirse en los estados, especialmente en aquellos gobernados por el mismo partido”.
Mientras tanto, la eventual salida de jueces y magistrados como parte de la reforma al Poder Judicial implicará un gasto millonario para la próxima administración federal.
Tan solo en el ámbito federal, se estima que se requerirán al menos 2 mil 784 millones de pesos para cubrir las liquidaciones de mil 600 funcionarios judiciales, de acuerdo con cálculos basados en sueldos actuales y antigüedad promedio.
Un funcionario del Poder Judicial explicó que, por ejemplo, un juez con 10 años de antigüedad y un sueldo mensual de 70 mil pesos tiene derecho a recibir una liquidación de 676 mil 666 pesos.
A nivel federal, el presupuesto que se empleará tendrá que ser mayor, ya que un juez con 15 años de servicio y salario de 180 mil pesos mensuales tendrá derecho a una indemnización cercana a 1.8 millones de pesos.
En el ámbito local y estatal, donde laboran más de 5 mil jueces y magistrados, el gasto estimado por concepto de indemnización supera los 3 mil 383 millones de pesos, considerando un sueldo base de 70 mil pesos y una década de servicio.
Actualmente, se calcula que algunos magistrados ganan hasta 792 mil pesos mensuales, incluyendo prestaciones y bonos.
Otra de las preocupaciones que han expresado tanto jueces como magistrados que dejarán sus funciones en las próximas semanas, es el veto que les impuso la reforma judicial, es decir, no podrán ejercer profesionalmente durante dos años dentro de su mismo circuito.
De acuerdo con los testimonios, esta medida los impactará de inmediato, pues varios de los funcionarios judiciales que decidieron no participar en la reforma judicial buscarán empleo para obtener un ingreso que les permita subsistir, por lo que tendrán que desplazarse y buscar clientes en zonas ajenas a su residencia.
El descontento generado por la reforma judicial y los cambios que ha traído consigo se ha profundizado en los últimos días. A ello se han sumado cartas y oficios dirigidos por magistrados y jueces que han pisado el acelerador en este proceso de transición.
Uno de sus últimos actos de inconformidad tras la jornada electoral, fue una solicitud formal al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para exigir el respeto a sus derechos constitucionales tras haber sido separados de sus cargos en el marco de la reforma judicial aprobada el 15 de septiembre de 2024.
Los juzgadores, quienes renunciaron voluntariamente a participar como candidatos en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, solicitaron que se individualicen sus indemnizaciones conforme al artículo décimo transitorio de dicha reforma.
En su escrito, acusaron de maniobras irregulares por parte de funcionarios del Gobierno federal que, aseguran, buscan disponer de los recursos originalmente destinados a cubrir esas compensaciones.
Uno de los principales alegatos de los exfuncionarios judiciales es que los recursos para pagar sus liquidaciones —incluyendo tres meses de salario integrado, 20 días por año trabajado, vacaciones, primas vacacionales, gastos médicos y otras prestaciones— fueron transferidos ilegalmente de los fideicomisos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación, sin autorización del CJF, que fungía como fideicomitente.
Los jueces y magistrados incluso sostuvieron que esta transferencia violaba contratos vigentes y se realizó pese a que existen suspensiones judiciales en varios juicios de amparo que impedían tal movimiento de fondos: “Se trata de una flagrante violación al estado de derecho y a la letra de la Constitución”, señalaron.
Además de la indemnización, los exjuzgadores solicitaron que se expidan constancias de reconocimiento de sus trayectorias, y se publique un listado completo de quienes declinaron sus candidaturas para las elecciones judiciales extraordinarias de 2025 y 2027.
Argumentan que fueron removidos de cargos inamovibles obtenidos por méritos en el sistema de carrera judicial, tras haber aprobado evaluaciones durante al menos seis años consecutivos sin nota desfavorable.
“La justicia debe prevalecer sobre intereses particulares o políticos, y es esencial restablecer la confianza en las instituciones”, concluyeron, al hacer un llamado tanto a la opinión pública como a las autoridades federales a respetar la legalidad y los principios que dieron origen a la reforma judicial.
Tras finalizar los conteos de todos los votos que se emitieron el pasado primero de junio, los jueces, magistrados y ministros electos rendirán protesta el primero de septiembre en una sesión solemne en el Senado de la República.
Los primeros en rendir juramento serán los nueve ministros que fueron favorecidos por el voto popular, entre los que se encuentran las ministras en activo Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Además del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortíz, quien se alzó con la victoria como el ministro más votado, para sorpresa de muchos.
Le secundarán los magistrados que conformarán el Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que al final serán los jueces electos para culminar este proceso que inició con la aprobación de la reforma judicial.
Se trata de 881 funcionarios que darán una nueva cara al Poder Judicial de la Federación y que compitieron en las pasadas campañas electorales, los cuales además tendrán una curva de aprendizaje corta, a diferencia de procesos anteriores.
En la lista de nuevos juzgadores se encuentran perfiles controversiales y polémicos que han sido señalados de tener nexos con partidos, políticos o incluso con el narcotráfico.
Uno de los casos que más han causado ruido es el de Carmen Alejandra Lozano Maya, quien se lanzó como candidata a jueza en la Ciudad de México y que logró obtener más de 44 mil votos a su favor.
Sobre la aspirante pesan denuncias por detenciones arbitrarias y tortura contra personas inocentes, cuando se desempeñó como agente de la Fiscalía del Estado de México.
Otro de los casos más polémicos es el de quien se perfila para presidir el Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Es decir, de Tania Gisela Contreras López, quien consiguió ser una de las candidatas más votadas por esta plaza con 217 mil 488 sufragios y en donde también pesan señalamientos de asociación delictuosa y tráfico de influencias.
A esta lista se suman otros nombres de candidatos que lograron obtener la preferencia del electorado y que desde hace meses se les había señalado por su cercanía con fuerzas políticos, empresarios y hasta con el crimen organizado.
