La defensa de Luis Benítez Alcántara sostiene que cualquier responsabilidad por sus decisiones judiciales debe determinarse ante las autoridades mexicanas; Estados Unidos lo acusa de recibir 2 millones de dólares para liberar a Andrew Clark
El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por su presunta participación en un esquema de sobornos relacionado con la organización criminal del canadiense Ryan Wedding, busca ser juzgado en México y no en Estados Unidos, país que lo requiere por nueve cargos federales.
La petición fue presentada este viernes 6 de noviembre por su abogado defensor, Miguel González Sánchez, quien sostuvo que cualquier responsabilidad derivada de las funciones judiciales de su representado debe determinarse ante las autoridades mexicanas y conforme a las leyes nacionales.
“Cualquier eventual responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo debe ser definida por el Estado mexicano, conforme a su legislación y ante sus propias autoridades, y no por estados diferentes como en este caso se ha buscado”, señaló el litigante en un comunicado, de acuerdo con información de Associated Press (AP).
El planteamiento ocurre mientras Benítez Alcántara permanece bajo custodia en Colombia, donde fue detenido a petición de las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos adelantó que solicitará su extradición para que responda por los señalamientos relacionados con la liberación de Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado como segundo al mando de la organización de Wedding.
De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, Benítez Alcántara habría recibido un soborno de dos millones de dólares para conceder la libertad bajo fianza a Andrew Clark, quien enfrentaba un procedimiento de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato.
Clark fue detenido en México en octubre de 2024 y quedó bajo la supervisión judicial de Benítez Alcántara, quien entonces se desempeñaba como juez federal en la Ciudad de México y tenía a su cargo el procedimiento para determinar su entrega a las autoridades estadounidenses.
En noviembre de ese año, el gobierno de Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición del ciudadano canadiense. Sin embargo, según la investigación estadounidense, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 Clark habría transferido aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados para conseguir su liberación.
La fiscalía sostiene que, dentro de ese esquema, se acordó entregar alrededor de dos millones de dólares al juzgador mexicano a cambio de una resolución favorable.
El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara habría recibido la totalidad del dinero pactado y ese mismo día concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su salida de prisión.
El canadiense permaneció libre durante algunos días, hasta que fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y asesinato.
La acusación contra el juez fue presentada ante un gran jurado federal y contempla nueve cargos por complicidad posterior al delito (accessory after the fact), una figura penal relacionada con ayudar a una persona a evadir su detención, juicio o castigo después de cometer un delito.
Si es declarado culpable, Benítez podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada uno de los nueve cargos, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.