La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados propone recortar 5 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027, con lo que el organismo pasaría de una asignación proyectada de 42 mil 274.5 millones a 37 mil 275 millones de pesos.

La reducción está contemplada en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, documento que ya está en la comisión y que plantea que el ajuste no comprometerá las funciones del órgano electoral ni la organización de los comicios federales concurrentes del próximo año.

De acuerdo con el documento, la propuesta busca ajustar los recursos destinados al INE bajo el argumento de que el monto proyectado para 2027 supera las asignaciones aprobadas en otros años electorales, particularmente en 2021 y 2024, incluso después de actualizar las cifras conforme a los precios estimados para el próximo ejercicio fiscal.

En su propuesta presupuestaria original, el Instituto Nacional Electoral solicitó recursos por 47 mil 010 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027.

Esta cantidad contemplaba distintas partidas, entre ellas un presupuesto precautorio de 4 mil 736 millones de pesos para la eventual realización de consultas ciudadanas, así como 10 mil 842 millones de pesos correspondientes al financiamiento público de los partidos políticos.

Sin embargo, después de los ajustes considerados en el proyecto presupuestario, el monto contemplado para el organismo electoral quedó en 42 mil 274.5 millones de pesos.

De esa cantidad, 8 mil 913.5 millones de pesos se destinarían a cubrir las prerrogativas garantizadas de los partidos políticos, mientras que 33 mil 361 millones de pesos corresponderían a la actividad institucional denominada Democracia Preservada y Fortalecida.

Esta última partida contempla la organización de elecciones nacionales, el fomento de la participación ciudadana y la promoción del desarrollo del sistema de partidos políticos.

No obstante, la Comisión de Presupuesto considera que todavía existe margen para reducir los recursos asignados al instituto sin afectar sus responsabilidades constitucionales y operativas.

Uno de los argumentos centrales para justificar el recorte es la comparación con los presupuestos que recibió el INE durante los procesos electorales de 2021 y 2024.

Según el proyecto de dictamen, durante 2021, cuando se realizaron elecciones federales y locales, el organismo contó con un presupuesto aprobado de 26 mil 819 millones de pesos.

En tanto, para 2024, año de la elección presidencial, la asignación presupuestaria ascendió a 32 mil 767 millones de pesos.

Al actualizar ambas cantidades a precios de 2027, los montos equivalen a 34 mil 799.9 millones de pesos para 2021 y 36 mil 665.5 millones para 2024.

Frente a estas referencias, el proyecto señala que el presupuesto considerado para el INE en 2027 representa un incremento de 21.5 por ciento respecto a 2021 y de 15.3 por ciento en comparación con 2024.

A partir de este análisis, los integrantes de la Comisión de Presupuesto consideran que la asignación prevista para el próximo año se encuentra por encima de los recursos que recibió el organismo en los dos procesos electorales anteriores, incluso al considerar la actualización inflacionaria.

Por ello, el documento plantea una nueva reducción de aproximadamente 5 mil millones de pesos.

La propuesta establece que los recursos que se reduzcan al presupuesto del Instituto Nacional Electoral serán redistribuidos hacia otros rubros considerados prioritarios dentro del gasto público federal.

Entre los sectores que recibirían parte de estos recursos se encuentran la protección del medio ambiente, el mejoramiento de la infraestructura educativa, la búsqueda de personas desaparecidas y la aviación civil.

El proyecto de dictamen establece que, después de aplicar el ajuste, el INE dispondría de 37 mil 275 millones de pesos para desarrollar sus actividades durante 2027.

La comisión sostiene que esta cantidad permitirá mantener las funciones institucionales del organismo, garantizar las prerrogativas de los partidos políticos y asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.