Ciudad De México.- El Instituto Nacional Electoral se alista para recibir a tres nuevos integrantes que podrían darle un giro a la conformación del Consejo General, actualmente dividido en dos bloques.

Dentro y fuera del organismo, el temor es que Morena imponga perfiles cercanos, y con ello tener una autoridad electoral subordinada al régimen.

El 4 de abril, tras nueve años en el cargo, los consejeros Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera se despedirán del Instituto.

Ellos forman parte del bloque de seis consejeros que han aplicado su mayoría para exhibir o sancionar trampas de los actores políticos, ha asumido una posición crítica ante el Gobierno y su partido o ha rechazado decisiones impulsadas por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

La sonorense ha sido respaldada en decisiones polémicas por cuatro consejeros. Sin embargo, desde hace unos meses, la oaxaqueña Rita López ha mostrado su inconformidad por acciones de la presidenta.

La última renovación de consejeros, en el 2023, tuvo que darse por tómbola, ante la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados. De los cuatros consejeros que llegaron, a tres se les ligaba a Morena, entre ellos Taddei.

Desde entonces, a la presidenta del organismo se le ha acusado de estar arropada por el partido en el poder, de ser “tibia” en la defensa del Instituto, asumir “sin rechistar” acciones contra el organismo o, incluso, tener entre los altos funcionarios a recomendados de morenistas.

El momento más crítico para el INE fue en el 2023, cuando no lograron consensos para nombrar a los titulares de direcciones ejecutivas. Los perfiles propuestos por la presidenta fueron descalificados por su inexperiencia y cercanía con Morena. Ante esto, ese partido le regaló un “superpoder”  a la sonorense, para que pueda nombrar a funcionarios de primer nivel sin consultar a sus homólogos.

De los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva, únicamente seis son titulares, el resto son encargados de despacho. En varias ocasiones, los consejeros han exhibido su falta de conocimientos en su área.

Los consejeros acusan a Taddei de romper la colegialidad, y tomar decisiones relevantes de manera unipersonal, sin consultarlos.

El último altercado fue esta semana, cuando la Presidencia del INE envió un documento al Senado sin avisar ni informar a los consejeros su contenido. La respuesta de la sonorense ante las quejas siempre ha sido que ese grupo ha estado cerrado a sus propuestas y quieren que actúe conforme a sus intereses.

También acusan a Taddei y a la secretaria Ejecutiva, Claudia Espino, de favorecer a proveedores, y mantener en la opacidad contratos relevantes.

Bajo este clima de rispidez, llegarán los nuevos integrantes del Consejo General, quienes, si son electos el 22 de abril por el Pleno de la Cámara de Diputados, asumirán el cargo los días inmediatos. De lo contrario, deberán definirse, como en el 2023, por tómbola, el 28 de abril.

La nueva conformación del Consejo General será clave para definir las reglas de la contienda política en las elecciones del 2027 y 2030, y delinear la relación del Instituto con el Gobierno federal.

Preocupa debilitamiento 

Tras 15 años en el INE, primero como funcionario y luego como consejero, Jaime Rivera teme un debilitamiento del Instituto no sólo desde el Gobierno federal, también por las decisiones internas y nueva integración del organismo.

De sus nueve años como integrante del Consejo General, seis estuvieron marcados por un ataque frontal de la Presidencia de la República contra la autoridad electoral.

Sin embargo, recuerda, el organismo siempre mostró determinación y unidad para defenderlo de cualquier atentado. Ahora, reconoce, no ve esa unanimidad.

“Tengo preocupaciones, pero abrigo esperanzas de que estas no se consumen. Me preocupa que en una nueva etapa pudiera darse un debilitamiento de las capacidades operativas y arbitrales del INE.  “Ya sea porque cambien la ley y lo debiliten orgánicamente o porque no se procure tener a las mujeres y los hombres más capaces e idóneos para ejercer los cargos directivos. Podría haber un debilitamiento de la autonomía del INE, alguna forma de subordinación al poder político”,puntualizó.