La división contra la corrupción del gobierno mexicano ha anunciado el inicio de una investigación relacionada con un incidente en el que, se presume, se habían filtrado o hackeado bases de datos personales pertenecientes a agencias públicas.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa explicó que a partir del monitoreo interno y de reportes públicos de los hechos, apertura varios procedimientos de investigación para analizar dónde se habría originado el incidente, así como posibles fallas de seguridad, deslindar responsabilidades y determinar sanciones administrativas o, en su caso, penales.

“Si bien en espacios de la deep web se presume que la obtención de la información derivó de un hackeo, la investigación considerará todas las hipótesis posibles, incluyendo el uso indebido de credenciales de acceso o una eventual filtración interna”, explicó la secretaría federal.

Aunque la Secretaría Anticorrupción no detalló de qué caso se trata, desde hace un par de años varias agencias de ciberseguridad han denunciado que bases de datos con información personal de ciudadanos mexicanos se han puesto a la venta en portales de la internet profunda.

Entre las dependencias o instituciones que se presume, han sido afectadas, están el Portal del Empleo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“En este caso, así como en otros incidentes objeto de análisis por esta dependencia, las investigaciones correspondientes se encuentran en curso y se desarrollan con estricto apego a los principios de reserva y confidencialidad que exige el procedimiento, a fin de no comprometer su eficacia ni la integridad de las evidencias. Las instituciones involucradas deberán atender las investigaciones iniciadas por la Secretaría y en su caso, presentar las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes”, detalló la agencia anticorrupción.

Finalmente, explicó que tras las investigaciones podrían hacerse recomendaciones para corregir vulnerabilidades en servidores de las dependencias y para fortalecer medidas de seguridad, entre lo que destaca el control del acceso a las bases de datos y la supervisión del personal con acceso a dichas bases de datos.

“De advertirse la participación de alguna persona servidora pública en conductas que pudieran constituir un delito, esta Secretaría también dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR), conforme a la normatividad aplicable. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reitera su compromiso con la protección de los datos personales y la integridad de la información en posesión de instituciones públicas”, concluyó la dependencia.