Un colectivo de organizaciones ambientalistas reveló que imágenes satelitales demuestran que las autoridades federales tuvieron conocimiento temprano del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, que realizaron acciones de contención insuficientes y que apostaron por la opacidad oficial.

Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Conexiones Climáticas, Nuestro Futuro A.C., y MAREA, entre otras agrupaciones, indicaron que las imágenes confirman que el incidente fue conocido por las autoridades desde el principio y que hubo maniobras de contención que no evitaron su expansión.

Destacaron que el derrame que alcanzó 50 kilómetros cuadrados, equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, habría iniciado el 11 de febrero pasado, en una embarcación cerca de la plataforma Abkatún, frente a las costas de Campeche.

Señalaron que la fuga se mantuvo activa al menos hasta el 17 de febrero, por lo que los hidrocarburos se dispersaron posteriormente por las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas, hasta llegar, durante las últimas tres semanas, a las costas de Tabasco y Veracruz.

No hubo información pública oportuna sobre la magnitud del derrame, sus riesgos ni las medidas de respuesta, aunque el Plan Nacional de Contingencia prevé notificación inmediata, evaluación del incidente y coordinación interinstitucional”, denunciaron.

Las ONG's detallaron que de acuerdo con el análisis de las imágenes satelitales, entre el 6 y el 10 de febrero una embarcación permaneció en una zona cercana a la plataforma Abkatún (Lat: 19.2740, Lon: -92.2362), “donde habría comenzado el vertido de aceites o crudo en cantidades inicialmente pequeñas”.

“A partir del 11 de febrero, la descarga se intensificó, lo que aumentó significativamente el volumen del derrame. Para el 13 de febrero, el vertido era claramente visible y al menos cinco embarcaciones adicionales realizaban labores de contención. Sin embargo, las imágenes muestran que estas acciones resultaron insuficientes ante la magnitud del incidente”, relataron.

Los activistas puntualizaron que el manejo del siniestro ha ignorado los lineamientos oficiales establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas (PNC), vigente desde 2023.

“Ante un derrame de esta magnitud, el PNC exige mecanismos que fueron omitidos o aplicados de forma opaca”, acusaron.

Explicaron que el PNC obliga a notificar el incidente de forma inmediata a las autoridades competentes y establece la obligación de informar públicamente a través del llamado "Oficial de Información Pública previsto en el Sistema de Comando de Incidentes".

"Que se observaran embarcaciones de contención desde el 13 de febrero confirma que las autoridades tenían conocimiento temprano; sin embargo, ninguna alerta pública fue emitida, impidiendo a las comunidades costeras tomar medidas preventivas", agregaron.